Este 28 de mayo de 2025, la Procuraduría General de la Nación informó la apertura de una investigación dirigida a funcionarios tanto del Ministerio del Interior como de la Policía Nacional de Colombia. El propósito de esta indagación es esclarecer posibles irregularidades relacionadas con el empleo de aeronaves institucionales para asuntos ajenos a los fines propios de la fuerza pública.
El caso que motivó la acción disciplinaria, según detalló la Procuraduría, está vinculado al reciente traslado de varios influenciadores digitales a la ciudad de Barranquilla, en el Atlántico, a bordo de un avión oficial. Los viajes se realizaron en el contexto del primer cabildo abierto convocado por el presidente Gustavo Petro, llevado a cabo en el Paseo Bolívar, una zona clave en la capital del departamento.
La Procuraduría manifestó, mediante un comunicado oficial, que su objetivo principal es verificar si la utilización de estos recursos oficiales estuvo acorde con la normativa vigente o si, por el contrario, constituyó un uso indebido del patrimonio estatal.
También, la entidad explicó que se analizarán los convenios interadministrativos relacionados con el uso de los aviones de la Policía Nacional, para determinar si, durante su celebración o ejecución, se presentaron irregularidades y así poder identificar a los posibles responsables en caso de comprobar desviaciones del marco legal.
Como parte de la investigación, se ha solicitado recopilar copias de los convenios suscritos entre el Ministerio del Interior y la Policía Nacional para el uso de aviones, con énfasis en los casos donde estos han sido utilizados para transportar tanto a funcionarios como a invitados externos, incluyendo a los influenciadores que participaron en el vuelo a Barranquilla. Adicionalmente, la Policía debe justificar las razones del mencionado viaje, el cual se realizó poco después de que el Senado archivara la propuesta de consulta popular tras el hundimiento de la reforma laboral.
Además, la Procuraduría indagará sobre los convenios firmados por la Dirección Antinarcóticos de la Policía con diversas entidades estatales, especialmente aquellos relacionados con el transporte de funcionarios o particulares en aviones y helicópteros oficiales, para descartar cualquier posible uso indebido.
Dentro del proceso, la Sala de Instrucción Disciplinaria impartió la orden de realizar una recolección exhaustiva de pruebas. Esta fase busca determinar si los hechos ocurridos encajan dentro de posibles causales que excluyan la responsabilidad disciplinaria o si, por el contrario, se podría derivar en sanciones para quienes resulten vinculados.
Por el momento, se espera que la investigación determine la existencia o no de faltas administrativas, así como las posibles consecuencias para los funcionarios involucrados si se comprueban irregularidades. El caso, que ha generado debate público, estará bajo observación atenta de los organismos de control y de la opinión nacional, a la espera de que las conclusiones permitan fortalecer la gestión pública y el correcto funcionamiento de las instituciones.
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