Por: El Espectador

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Este artículo fue curado por pulzo   Oct 13, 2025 - 4:26 pm
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El reciente operativo llevado a cabo por la Policía en Tolima, donde fueron capturados tres hombres que transportaban a dos adolescentes presuntamente para ser reclutados por disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), evidencia la continuidad del reclutamiento forzado y la violencia armada que padecen numerosas regiones rurales del país. Este episodio pone de manifiesto la labor constante de estructuras armadas ilegales que, además de disputar el control de rutas estratégicas y economías ilícitas, buscan incrementar sus filas mediante la incorporación de menores, una práctica prohibida por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y considerada una violación grave a los derechos humanos.

Los individuos aprehendidos, identificados como Jorge Esgardo Eslava Pinzón, Sebastián José Camargo Álvarez e Iván Darío Esterilla Ordóñez, fueron sorprendidos durante patrullajes en la vía al municipio de Guamo mientras acompañaban a dos jóvenes de 17 años sin documentación. De acuerdo con la Fiscalía, los adultos enfrentan cargos por reclutamiento ilícito y recibieron medidas de aseguramiento preventivas, muestra de la respuesta judicial activa contra este delito, tal como informan los reportes judiciales citados.

El contexto de esta captura se inscribe en la compleja y agudizada dinámica de violencia de Tolima, señalada en la alerta temprana de 2025 de la Defensoría del Pueblo. En este departamento confluyen tres estructuras disidentes: el Frente Gerónimo Galeano liderado por alias “Iván Mordisco” —mando del Estado Mayor Central—; el Frente 57 Yair Bermúdez, ahora autónomo; y el Frente Joaquín González, que si bien participó en negociaciones de paz, conserva presencia activa. Estas facciones buscan controlar corredores estratégicos, fundamentalmente del narcotráfico, que robustecen sus finanzas y armamento, aumentando la presión sobre comunidades rurales vulnerables, tal y como reporta El Espectador.

La Defensoría del Pueblo alerta que la superposición de estos frentes y su disputa por el territorio acentúan el riesgo de violaciones de derechos, extorsiones y, principalmente, el reclutamiento forzado de menores. Diversos análisis —incluidos los de UNICEF y Human Rights Watch— destacan que la persistencia de economías ilegales alimenta la existencia de estos grupos, quienes aprovechan la limitada presencia estatal para mantener su dominio social y territorial.

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Si bien el fortalecimiento institucional ha permitido una mayor judicialización del reclutamiento forzado, especialistas de la Universidad de los Andes advierten que la solución debe estar acompañada de medidas preventivas y de atención integral a las víctimas. Recalcan que la reducción de este fenómeno está asociada al desarrollo rural sostenible, acceso efectivo a la educación y la implementación de políticas públicas que garanticen la presencia del Estado y reparen el tejido social de las comunidades afectadas.

En síntesis, el caso de Tolima ilustra el reto persistente de Colombia frente a la transición de la violencia armada hacia una paz estable; proceso que exige justicia, desarrollo y protección de derechos como pilares inseparables. Por ahora, cada operativo representa un avance dentro de un panorama todavía dominado por organizaciones ilegales que redoblan esfuerzos para perpetuar su poder y perpetúan la afectación de los sectores más desprotegidos del país.

¿Qué papel juega la Defensoría del Pueblo en la protección contra el reclutamiento forzado?

La Defensoría del Pueblo de Colombia tiene la misión de velar por los derechos humanos y alertar sobre situaciones que los amenacen, como el reclutamiento forzado. Emitiendo alertas tempranas, como la mencionada en el texto, orienta a las autoridades locales y nacionales para prevenir riesgos y activar rutas de atención ante amenazas. Su capacidad de observación y denuncia fortalece la respuesta institucional frente a grupos armados ilegales que buscan captar menores.

El trabajo de la Defensoría es crucial en regiones donde la presencia del Estado es débil y la población enfrenta alto riesgo. Sus reportes no solo documentan la problemática, sino que también aportan insumos para que entidades judiciales y sociales adelanten investigaciones y programas de protección, movilizando recursos para garantizar entornos seguros a niños, niñas y adolescentes.

¿Cómo influye el control del narcotráfico en la dinámica del reclutamiento armado en Tolima?

El control de rutas de narcotráfico constituye una de las motivaciones centrales de las estructuras armadas ilegales para perpetuar su permanencia en regiones como Tolima. Según lo analizado en los informes citados, dominar estos corredores les proporciona recursos económicos esenciales, con los cuales mantienen y expanden sus operaciones, incluyendo el reclutamiento de adolescentes.

La competencia por estos territorios intensifica la violencia y acentúa la vulnerabilidad de las comunidades locales. La falta de alternativas sociales y educativas, sumado a la presión armada, facilita que los jóvenes sean blanco de cooptación, perpetuando el ciclo de violencia y marginación en zonas rurales.


* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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