La Corte Constitucional ordenó crear juzgados agrarios en Colombia a partir de 2027, una decisión que busca cambiar la forma en que se atienden los conflictos por tierras en el país, según explicó la Agencia Nacional de Tierras (ANT). El fallo responde a una demanda impulsada por el director de la entidad del Gobierno, Juan Felipe Harman, y abre la puerta a una justicia más enfocada en los problemas del campo.
“La Corte, le ha ordenado al Consejo Superior de la Judicatura poner en marcha, a partir de 2027, la jurisdicción agraria, con o sin apoyo del Congreso. Una decisión de la sala plena que le pone punto final a la espera de los campesinos y campesinas de tener una justicia al alcance y el acceso de todos los conflictos agrarios que se originan en este país”, confirmó el director Harman.
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El alto tribunal también le pidió al Congreso de la República de Colombia que apruebe lo antes posible la ley ordinaria de la Jurisdicción Agraria, lo que sería clave para que funcione en la práctica. Esta norma debe reglamentar cómo operarán los nuevos jueces agrarios y qué casos podrán atender, algo que hoy no está del todo claro, indicó la entidad del Gobierno.
Qué viene con la decisión de la Corte Constitucional para las tierras
De acuerdo con la ANT, uno de los puntos más importantes del fallo es que reconoce la necesidad de que exista un juez especializado en temas rurales. Esto significa que los conflictos por tierras, que suelen ser complejos y de larga duración, podrían tener una solución más rápida y ajustada a la realidad del campo colombiano.
La decisión también ordena al Consejo Superior de la Judicatura preparar todo lo necesario para que los juzgados y tribunales agrarios entren en funcionamiento desde 2027, lo que incluye infraestructura, personal y reglas claras. Para la agencia estatal, este paso marca un antes y un después en la forma en que el país aborda los problemas de tierras.
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Según la ANT, este fallo fortalece la seguridad jurídica en el campo, es decir, da más claridad sobre quién tiene derecho a la tierra y cómo se pueden resolver disputas. Esto es clave en un país donde muchos conflictos rurales han estado ligados a la violencia y a la falta de reglas claras.
La agencia estatal también destacó que la decisión fue tomada por unanimidad, lo que refuerza su importancia dentro del sistema judicial. Para la ANT, este respaldo muestra que hay consenso sobre la necesidad de avanzar hacia una justicia rural especializada que atienda de fondo los problemas históricos del campo.
Finalmente, la entidad del Gobierno aseguró que este avance se conecta con la Reforma Agraria que impulsa el gobierno de Gustavo Petro, la cual busca mejorar el acceso a la tierra para campesinos, víctimas del conflicto y comunidades étnicas. Según la agencia, Colombia da un paso clave para cerrar brechas y ofrecer soluciones más claras y rápidas a quienes viven en zonas rurales.
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