En medio de revelaciones controversiales en Colombia, un escándalo pone en el ojo del huracán el proyecto del Metro de Bogotá debido a un nuevo caso que sale a flote ante la opinión pública.
Un video de 26 minutos se convirtió en el elemento probatorio central dentro de una investigación penal por presuntas irregularidades financieras en un expediente que salpica a la firma China Harbour Engineering Company Limited Colombia, empresa perteneciente al Consorcio Metro Línea 1 de Bogotá.
El material probatorio, que permanece bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación y que publicó revista Semana, expone supuestos cobros anómalos para autorizar pagos adeudados.
Las secuencias grabadas suceden en las dependencias operativas situadas en la localidad de Teusaquillo, inmueble adaptado posteriormente como hospedaje para personal extranjero.
En el lugar funcionaba la sede administrativa de la firma CHEC durante el mes de abril de 2026, fecha decisiva dentro del expediente.
El registro documenta un encuentro privado entre el apoderado de la Unión Temporal Metrobuild y delegados chinos encargados del ensamblaje del Metro de Bogotá.
Durante el desarrollo de la reunión, las partes discutieron abonos pendientes e inconsistencias en la aprobación de facturas por la construcción del megaproyecto.
En la grabación en idioma inglés, el contratista colombiano intenta concertar el desembolso de los recursos financieros requeridos para atender compromisos operativos.
Inesperadamente, el empresario local extrae un paquete de color oscuro desde su equipaje y procede a entregárselo directamente al representante chino. Tras recibir el envoltorio, el señor Yang efectúa la contabilización manual de las divisas entregadas con impresionante habilidad.
Ante una sugerencia del interlocutor, el funcionario extranjero redacta una constancia escrita informando la recepción presencial de 60 millones de pesos.
El documento informal elaborado por el señor Yang anota un presunto saldo pendiente por 960 millones de pesos asignado a los empresarios nacionales.
Los contratistas locales rechazaron tajantemente dicho balance, argumentando que acudieron a la sede directiva a reclamar la cancelación de facturas pendientes acumuladas.
El diálogo transcrito en el expediente refleja la controversia sostenida entre las partes para concertar la liberación de los giros bancarios presupuestados:
- Contratista: “Tenemos ahorita mismo una cuenta de 600 millones. No tenemos un anticipo, pero tienes que pagarme 550”.
- Yang: “¿Solo en estas tres 600?”
- Contratista: “15, 16 y 17… el cimiento 212 (inaudible). El pago total es 550”.
- Yang: “[Inaudible] Debemos cambiar las condiciones”.
- Contratista: “Cuando esté completo, tienes que pagarme”.
Las imágenes muestran a un tercer participante guardando el dinero en la misma envoltura para luego abandonar la oficina rápidamente tras estrechar manos.
El video inicia en el acceso principal del edificio, mostrando el ingreso del empresario colombiano mientras saluda cordialmente al personal de seguridad privada.
Posteriormente, el contratista asciende al piso superior, dialoga con trabajadores locales y consulta sobre el avance administrativo de las órdenes de pago de cara al proyecto del Metro de Bogotá.
Una empleada asegura que el trámite cuenta con la validación requerida y solo depende del aval final asignado a un delegado institucional:
- Contratista: “¿Cómo vamos?”
- Funcionaria: “Ya pasaron la aprobación… Falta solo una persona en Metro Línea y ya quedaría [hace señas]”.
- Contratista: “¿Cuándo quedaría?”
- Funcionaria: “Yo creería que el lunes”.
- Contratista: “Pero el lunes es 20”.
- Funcionario 2: “Ahorita miramos con el señor Yang eso”.
El contratista solicita reunirse inmediatamente con el señor Yang y, omitiendo las evasivas del personal administrativo, ingresa directamente a la oficina ejecutiva.
Conforme a la querella radicada ante el organismo fiscal, la cita ocurrió el sábado 18 de abril de 2026 como culminación de exigencias previas.
La denuncia señala que Wang Chuang, director general del proyecto, solicitó 60 millones de pesos en efectivo para firmar el desembolso correspondiente.
Los denunciantes indicaron que requerían urgentemente el dinero para cubrir la nómina mensual de 350 operarios, obligaciones bancarias y servicios con proveedores.
Las relaciones contractuales entre ambas firmas comenzaron en 2024 mediante cuatro contratos valorados en 32.000 millones de pesos para cimentaciones estructurales.
“A partir de marzo de 2026 comenzaron dilaciones injustificadas en el ciclo de aprobaciones. El corte del mes de marzo de 2026, por valor aproximado entre 1.000 y 1.200 millones de pesos, obtuvo la totalidad de las firmas requeridas con excepción de una: la del señor Wang Chuang, quien durante varios días se abstuvo de suscribirla sin explicación alguna”, remarcó la acción legal.
La representación de la firma china alegó supuestos defectos en dos estructuras de concreto para justificar la retención del dinero en efectivo.
No obstante, los afectados precisaron que los contratos vigentes contienen retenciones de garantía equivalentes al 5 % para responder por la calidad.
“El contrato del año 2026 no contempla metodología ni facultad de descuento por ese concepto; y en todos los contratos existe una retención de garantía equivalente al cinco por ciento (5 %) de cada pago, instituida precisamente para amparar la calidad de la obra cuyos saldos acumulados –superiores a mil doscientos millones de pesos– se encontraban en poder de CHEC”, señala la acción legal.
Según los declarantes, el señor Yang advirtió textualmente sobre la obligatoriedad del pago informal: “Yo sé, yo lo sé, pero si no lo hace de esta forma, no firma”.
En la reunión filmada, el testigo presencial reitera la urgencia de pagar a la plantilla obrera para evitar nuevas suspensiones de actividades operativas:
- Yang: “OK. La próxima semana… Pero cambiemos (inaudible)”.
- Contratista: “Por favor, el lunes”.
- Yang: “¿El lunes?”
- Contratista: “Sí. El lunes es 20. Nosotros le pagamos a la gente los 20 y 25”.
- Yang: “Yo recibo la plata de [inaudible] y creo que te la puedo entregar el martes”.
La apremiante situación financiera obligó a la alianza colombiana a retirar fondos propios para concretar la entrega del dinero en efectivo solicitado.
Las víctimas enviaron comunicaciones escritas reclamando los saldos pendientes sin obtener respuestas formales, recibiendo únicamente mensajes informales mediante la plataforma digital WeChat.
A través de esa aplicación, un funcionario apeló a instrucciones superiores para justificar descuentos arbitrarios sobre los montos liquidados contractualmente a los subcontratistas.
El expediente incluye además una grabación de audio efectuada el 8 de abril de 2026 donde se pactó la entrega de la suma exigida.
“En dicha reunión, el señor Yang manifestó que, para que el señor Wang Chuang firmara la aprobación del corte de marzo, la unión temporal debía entregar la suma de 60 millones de pesos en efectivo en las oficinas de CHEC, según instrucción de Wang Chuang”, apuntó el documento ante la Fiscalía.
Pese a concretar el pago en efectivo, la firma asiática mantiene retenidos más de 2.500 millones de pesos en facturaciones pendientes de aprobación.
El abogado Julián Quintana, representante legal de los afectados, calificó los eventos como presuntos delitos de concusión y extorsión dentro de la contratación pública.
“En el caso concreto, ese temor al poder que administra los recursos del proyecto público se encuentra acreditado con suficiencia: las víctimas comprendieron –porque así se les hizo saber expresamente– que no existía alternativa distinta de pagar o asumir la parálisis del pago del corte de marzo de 2026”, indica la denuncia.
El apoderado solicitó a las autoridades incautar los dispositivos electrónicos utilizados en las grabaciones para asegurar la cadena de custodia y análisis forense.
Semana indicó que consultó los voceros del Consorcio Metro Línea 1 sobre la situación y manifestaron que revisarán la información disponible antes de iniciar investigaciones internas.
Por su parte, la Empresa Metro de Bogotá confirmó la participación de la firma sancionada, reconociendo la gravedad de los hechos denunciados públicamente.
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