Mientras el Congreso discute el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para 2027, la sede principal de la entidad —la Torre Squadra, ubicada en la carrera 7ª con calle 63-64 en Bogotá— se ha convertido en el centro de una fuerte controversia política. Senadores como María Clara Posada (Centro Democrático) y Enrique Gómez Martínez (Salvación Nacional) denunciaron que la JEP habría pagado 114.202 millones de pesos en arriendos entre 2020 y 2026, una cifra llamativa si se compara con los 20.975 millones de pesos que costó su construcción en 2020, según el certificado de libertad y tradición.
De acuerdo con una revisión de la Unidad de Datos de EL TIEMPO en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), entre julio de 2018 y noviembre de 2022 la JEP suscribió cinco contratos de arrendamiento por un total de 167.479’481.707 pesos. Todos los acuerdos se firmaron con la misma empresa: Juan Gaviria Restrepo y Cía. S.A., dedicada al sector inmobiliario.
Los contratos se celebraron bajo las modalidades de contratación directa y régimen especial —esta última permitida por la ley estatutaria de la JEP bajo normas de derecho privado—. El de mayor cuantía es el contrato JEP-807-2022, firmado el 30 de noviembre de 2022 por un valor actual de 85.652’459.200 pesos, con vigencia hasta el 30 de noviembre de 2026. A estos se suman contratos previos firmados en 2018, 2019 y 2020, que consolidaron el uso exclusivo del edificio de 12 pisos para el funcionamiento de la jurisdicción.
Frente a los cuestionamientos, fuentes de la magistratura explicaron que en el presupuesto radicado para 2027 se solicitó al Gobierno la suma de 41.176 millones de pesos para comprarle la sede al propietario privado. El objetivo de esta adquisición es cesar el pago de arriendos y garantizar que, cuando la jurisdicción finalice sus funciones en 2033, el edificio permanezca como un activo a nombre del Estado.
Adicionalmente, el Secop registra contratos menores destinados al mantenimiento y revisión técnica de las instalaciones, los cuales suman 20.454.411 pesos. Estos incluyen trabajos en los sistemas de seguridad electrónica y paneles de emergencia ejecutados en 2018 por Inproservices Ingeniería SAS, revisiones de los sistemas de aire acondicionado para la prevención del covid-19 en 2021 a cargo de José René Estupiñán Durán, y una certificación RETIE de las instalaciones eléctricas del consultorio médico en 2024 con CEL Ingeniería SAS.
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