Una nueva tormenta política se desató en las últimas horas debido a la gestión de la Unidad Nacional de Protección (UNP). La controversia gira en torno a la asignación de un esquema de seguridad —que incluye camioneta blindada y escoltas— para el ciudadano Franklin Humberto Coral, conocido como ‘Beto Coral’, quien regresó al país la semana pasada tras ser deportado de Estados Unidos.
La denuncia fue hecha pública por el sindicato Analtraseg, que agrupa a los escoltas del país. Según la organización, el esquema de protección fue otorgado sin que mediara el respectivo estudio de seguridad, un requisito esencial para este tipo de asignaciones. Esta falta de transparencia ha generado reacciones inmediatas en el ámbito político, siendo el representante electo del Centro Democrático, Daniel Briceño, una de las voces más críticas: “¿Por qué razón el gobierno Petro le asignó en cuestión de horas un esquema de seguridad de la UNP a Beto Coral? ¿Dónde está el estudio de riesgo?”.
Desde el sindicato, la postura es tajante: aseguran que el trámite solo pudo realizarse a través de una figura de emergencia ejercida por la Dirección de la UNP, saltándose los protocolos regulares, dado que “habría sido imposible” realizar un análisis de riesgo en tan pocos días.
¿Por qué razón el gobierno Petro le asignó en cuestión de horas un esquema de seguridad de la UNP a Beto Coral?
El directivo sindical Wilson Javier Devia calificó la asignación directamente como un “favor político”. Devia, quien cuenta con más de 25 años de experiencia en seguridad y formación como analista de riesgo, argumentó que la facultad discrecional del director de la UNP para medidas de emergencia debe estar fundamentada en “riesgo inminente” y “extrema necesidad”, condiciones que, a su juicio, no se cumplen en este caso.
La molestia del gremio aumenta al contrastar esta celeridad con la situación de otros ciudadanos. “Mientras muchos líderes sociales son asesinados o están amenazados en Colombia y Augusto Rodríguez no les asigna medidas de protección, a Beto Coral le consiguieron carros blindados y escoltas en tres días. Descarados”, sentenció Devia. Por ahora, la dirección de la UNP enfrenta el cuestionamiento público sobre el uso de recursos estatales y la equidad en la protección de los ciudadanos en riesgo.
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