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Escrito por:  Fabián Ramírez
Subeditor     Ago 20, 2026 - 11:30 am

El pulso judicial alrededor del escándalo de los títulos universitarios fraudulentos que salpica a la joven Juliana Guerrero dio un giro inesperado en las últimas horas, luego de que se confirmara un nuevo tropiezo para formalizar su acusación ante los estrados. El proceso, que ha acaparado la atención de la opinión pública debido a las presuntas irregularidades en la expedición de diplomas por parte de la Fundación Universitaria San José, quedó temporalmente en pausa después de que la defensa de la implicada presentara una solicitud de aplazamiento de último minuto que fue recibida por el despacho judicial encargado del caso en la capital del país, según informó Semana. 

De acuerdo con la información oficial emitida por el juzgado competente, el recurso legal fue interpuesto por el apoderado de la joven mediante un correo electrónico que ingresó de manera sorpresiva a las instalaciones del estrado judicial en la noche del pasado miércoles 19 de agosto. Al instalarse formalmente la diligencia programada, el funcionario judicial a cargo dejó constancia de la inasistencia de la procesada, señalando expresamente que “la joven no se había hecho presente ni había solicitado ingreso a la diligencia virtual”, lo que obligó a reprogramar las etapas procesales mientras se evalúan los argumentos presentados por la defensa para justificar la incomparecencia a esta diligencia clave dentro del engranaje judicial.

Sin embargo, mientras el proceso que involucra a Guerrero enfrenta este nuevo compás de espera en los estrados, la situación jurídica de otros implicados clave en la red de corrupción académica experimentó un avance sustancial este jueves 20 de agosto. Las pesquisas adelantadas por los investigadores permitieron establecer que Luis Carlos Gutiérrez Martínez, quien se desempeñaba como exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, decidió dar un paso decisivo al aceptar su responsabilidad penal en los hechos investigados, formalizando un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación que lo dejará a las puertas de una condena negociada por su participación directa en el escándalo destapado en julio de 2025.

El pacto procesal suscrito entre el exdirectivo universitario y el ente acusador se centra en aceptar de manera pura y simple su grado de participación en el delito de falsedad en documento público, una conducta punible que facilitó la entrega irregular de certificaciones profesionales a la joven. La confesión de Gutiérrez Martínez aporta una pieza fundamental para que los fiscales consoliden la estructura probatoria sobre cómo operaba la presunta red al interior de la institución educativa para emitir títulos sin el cumplimiento de los requisitos académicos de ley.

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Mientras la Fiscalía busca blindar las pruebas obtenidas a lo largo de las indagaciones, el futuro judicial de Juliana Guerrero continuará bajo estricto escrutinio a la espera de que se fije una nueva fecha para la lectura formal del escrito de acusación que permita dar inicio al juicio por este sonado caso de falsificación.

Polémicas y logros de Petro

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