Escrito por:  Redacción Nación
Jul 8, 2026 - 5:40 pm

La Contraloría alertó sobre la compra de tierras para la reforma agraria del Gobierno Petro. El organismo de control cuestionó que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) haya desembolsado cerca de un billón de pesos por 537 predios administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), sin que la mayoría tenga todavía la transferencia registral a nombre del Estado.

El informe de auditoría revelado por la revista Cambio señala que la ANT pagó exactamente $979.003 millones por estos inmuebles sometidos a procesos de extinción de dominio, pero al corte del 22 de junio de 2026 solo tres predios contaban con escritura registrada a favor de la Nación. La entidad de control advirtió que esta situación podría abrir la puerta a reclamaciones de terceros, embargos o disputas jurídicas sobre los terrenos.

El cuestionamiento también fue retomado por el analista Aurelio Suárez, quien lanzó una crítica sobre el manejo de estos recursos y las entregas de tierras. “De 719 predios comprados por la Agencia Nacional de Tierras solo 139 figuran asignados formalmente a los beneficiarios de reforma agraria”, afirmó. 

Además, el analista agregó una dura conclusión sobre el proceso: “Comprar y no entregar ha hecho de esta Agencia Nacional de Tierras el más grande terrateniente de Colombia”, una frase que abrió nuevamente la discusión sobre los resultados de la política de tierras.

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La Contraloría señaló que el problema no estaría en la posibilidad de adquirir predios provenientes de procesos de extinción de dominio, sino en que los pagos se hicieron antes de que la propiedad quedara consolidada jurídicamente a nombre del Estado.

El organismo de control indicó que, al no existir todavía la titularidad formal, los terrenos entregados a campesinos podrían enfrentar dificultades legales si aparecen reclamaciones sobre los antiguos propietarios o sobre los procesos judiciales relacionados con esos bienes.

La defensa de la ANT: asegura que los predios avanzan hacia la escrituración

Frente a las críticas, la Agencia Nacional de Tierras respond ióque los 537 predios cuentan con promesas de compraventa y que el proceso de escrituración depende de trámites técnicos como saneamiento predial, avalúos y registros inmobiliarios.

El director de la ANT, Juan Felipe Harman, rechazó que exista un riesgo fiscal y defendió la seguridad jurídica de los campesinos que recibieron los terrenos. “Si existiese una decisión particular de la justicia que devuelva uno de estos bienes, lo que tienen que devolver es la plata equivalente al bien. No el bien en sí mismo”, afirmó a Cambio. 

Harman añadió: “Por tanto, los campesinos que gozan de la tierra de la reforma agraria tienen la absoluta certeza y la seguridad jurídica de que hay una plata que ya pagó el Estado por esas fincas, que es de un billón de pesos y que va, de alguna manera, a respaldar cualquier decisión de la justicia sobre esa tierra”.

El funcionario aseguró que más del 70 % de los predios del convenio ya se encuentra en proceso de avalúo y que la meta es dejar saneada una parte importante antes del cambio de administración.

 

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