En medio de los anuncios sobre el próximo gobierno en Colombia, una situación salió a flote por una millonaria deuda que afecta de manera delicada a un grupo de pacientes a nivel nacional.
La entrega tardía de prótesis, órtesis, sillas de ruedas y otras ayudas técnicas está agravando una crisis silenciosa dentro del sistema de salud colombiano. Para miles de personas con discapacidad, el retraso no solo interrumpe la atención: también frena la movilidad, la rehabilitación y la autonomía.
En Colombia habría aproximadamente 2,65 millones de personas en condición de discapacidad, equivalentes al 5,5% de la población nacional. Casi el 48% presenta afectaciones relacionadas con movilidad, aunque el sector admite que el subregistro sigue siendo alto por la falta de un censo actualizado.
Ese vacío estadístico dificulta dimensionar la magnitud real del problema. Sin embargo, la situación ya tiene efectos visibles en ciudades y regiones como Bogotá, Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, Cali y el Eje Cafetero, donde se concentran las mayores afectaciones.
Ottobock, empresa especializada en tecnología protésica y rehabilitación avanzada, alertó que cerca de 9.000 pacientes del sistema de salud habrían sufrido retrasos en la entrega de dispositivos y ayudas de movilidad durante el último año.
La compañía advierte que estas demoras no se limitan a trámites administrativos. Cuando una persona no recibe a tiempo una prótesis o una silla de ruedas, puede quedar inmovilizada, depender de otros y perder avances valiosos en su proceso de rehabilitación.
El impacto también alcanza la salud emocional. La pérdida de independencia, la espera prolongada y la incertidumbre sobre la entrega del dispositivo pueden afectar la autoestima, la vida laboral y la posibilidad de estudiar o desplazarse con normalidad.
Las familias cargan con una parte importante de ese costo. Madres, esposas y otros cuidadores suelen reorganizar su rutina, abandonar empleos o asumir tareas permanentes de asistencia ante la falta de respuesta oportuna del sistema.
Ottobock lo resume así: “Las personas en condición de discapacidad están enfrentando una crisis silenciosa que hoy no tiene la visibilidad que merece. Para un paciente amputado o con movilidad reducida, una prótesis o una silla de ruedas representa la posibilidad de caminar, trabajar, estudiar y vivir con independencia. Cuando estos dispositivos no se entregan a tiempo, las personas quedan atrapadas en procesos interminables que afectan su rehabilitación, su salud física y emocional y su calidad de vida. Es urgente que el sistema priorice esta problemática y garantice una atención oportuna para una población altamente vulnerable”.
¿Cuántas personas amputadas hay en Colombia en 2026?
La situación resulta especialmente delicada para pacientes amputados. En Colombia habría entre 150.000 y 250.000 personas amputadas, y en este grupo el tiempo es determinante para evitar complicaciones físicas.
Cuando la prótesis se retrasa, la extremidad puede cambiar de forma o volumen. Eso obliga a rehacer componentes a la medida y eleva los costos para el sistema, además de atrasar todavía más la recuperación.
La empresa también advierte que algunas EPS cambian de proveedor después de que el dispositivo ya fue fabricado. Como estas soluciones son personalizadas y de uso único, no pueden reutilizarse y terminan destruyéndose.
Ese escenario obliga al paciente a empezar desde cero. El proceso se vuelve más lento, más costoso y más desgastante para todos los involucrados, desde el equipo clínico hasta la familia que acompaña la recuperación.
Ottobock afirmó además que afronta dificultades financieras por los impagos del sistema de salud. Según sus cifras, tiene 413 procesos ya fabricados y pendientes de entrega por falta de pago de cartera, por más de $5.080 millones de pesos.
La compañía agregó que mantiene otros 417 procesos en fabricación. En total, la deuda acumulada del sistema con Ottobock ascendería a aproximadamente $ 28.000 millones de pesos colombianos, de los cuales alrededor de $ 20.000 millones corresponderían a cartera de Nueva EPS.
“Estamos muy preocupados por la crisis que atraviesa actualmente el sistema de salud y por la limitada gestión que se ha realizado para visibilizar la afectación que enfrentan las personas en condición de discapacidad, así como para dar solución a esta problemática”, indicó Ottobock.
La compañía agregó: “Esta situación está generando sobrecostos para el sistema, además de un impacto negativo en los pacientes, sus cuidadores y nuestra compañía. Aunque hemos hecho grandes esfuerzos por mantener la prestación de nuestros servicios de manera continua, cada vez enfrentamos mayores limitaciones debido a los impagos de cartera por parte de las entidades de salud”.
“Estos incumplimientos afectan significativamente nuestra operación, cuyo principal pilar es mantener al paciente en el centro de cada proceso. Adicionalmente, resulta preocupante que la compañía se vea involucrada en procesos jurídicos donde nuestros representantes legales terminan vinculados y respondiendo por actos derivados de situaciones cuya responsabilidad corresponde al incumplimiento de las EPS”, sentenció.
Frente a este panorama, la empresa pidió intervención del Gobierno Nacional, del Ministerio de Salud, de la Superintendencia Nacional de Salud y de las EPS. Su llamado apunta a crear acuerdos de pago sostenibles y a reorganizar los procesos de atención.
Informe médico de Kevin Acosta
El presidente Gustavo Petro ha sido criticado porque usó el informe médico y personal del niño Kevin Acosta para defenderse y defender los problemas en el sistema de salud que se han incrementado durante su Gobierno. Constantemente se refirió a las decisiones que tomó la madre del menor de edad sobre la salud del niño de 7 años y publicó detalles muy privados de la historia clínica del niño. Esta decisión ha sido interpretada por algunas personas como una intención de quitarle la responsabilidad al sistema de salud y ponerla sobre la madre.
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