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Mientas siguen avanzando las investigaciones por el accidente del avión Hércules en Puerto Leguízamo, Putumayo, crecen los cuestionamientos por el mantenimiento de la flota aérea de las Fuerzas Armadas. Documentos en manos de El Espectador revelan diferencias en las versiones entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Hacienda sobre el manejo de los recursos de estas naves.
En un informe de la cartera que encabeza Pedro Sánchez, se lee que en “el proceso de programación presupuestal de los sectores”, la Unidad de Gestión General, Comando General de las Fuerzas Militares, Ejército y Armada Nacional, Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional “reportaron las necesidades de recursos en sus anteproyectos de presupuesto”. Es decir, de acuerdo con el ministerio, sí se hicieron claras las necesidades de presupuestales, que en total ascendía a los COP 53,4 billones.
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“No obstante, atendiendo la disponibilidad fiscal del país, mediante el Decreto 1477 del 30 de diciembre de 2025 se apropiaron recursos por COP 21.222.574 millones para las Fuerzas Militares”, se lee en el documento. Y agrega: “Esta situación ha conllevado a ajustar las solicitudes iniciales de recursos, concentrando los esfuerzos en garantizar la operatividad de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional”.
Sin embargo, la versión del Ministerio de Hacienda es diferente. El documento de esa cartera indica que “una vez revisada la base documental”, “no se encontró comunicación oficial relacionada con la falta de recursos para atender el mantenimiento de Aeronaves para las Fuerzas Militares”.
“Respecto a la modernización de las aeronaves es importante indicar que, el Consejo Superior de Política Fiscal –CONFIS-, en la sesión del 7 de octubre de 2025, autorizó cupo de vigencias futuras excepcionales, por cerca de COP 17 billones para adelantar los procesos de contratación del 2026 al 2032, con el propositito de adquirir aeronaves de superioridad Aérea y la infraestructura aeronáutica requerida para su operación”, indica el Minhacienda.
Además, frente a la pregunta de si se ha evaluado la posibilidad de un “plan de financiación extraordinaria para modernizar la flota aérea militar tras este accidente”, la cartera respondió que bajo el marco normativo presupuestal vigente, “la adición de recursos al Presupuesto General de la Nación —salvo en situaciones de excepcionalidad constitucional— requiere obligatoriamente el trámite de una ley ante el Congreso de la República”.
“Actualmente, dicha gestión no se encuentra contemplada en la agenda del Gobierno Nacional”, se lee en el informe.
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En el debate de control político que se realizó este martes sobre ese tema, el Gobierno defendió el mantenimiento de esa aeronave, indicando que todas las que actualmente están en servicio cuentan con los requisitos operativos y de mantenimiento que se exigen para mantenerse en el aire. “Cada aeronave a la que se sube un personal es porque puede volar, es seguro volar”, precisó Sánchez, quien en todo caso agregó que por ciertas restricciones internacionales “las empresas que hacen mantenimiento están en listas, [a veces] no [se] permiten hacer transacciones con países como Colombia”.
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