La polémica fiesta vallenata realizada dentro de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, Antioquia, sigue revelando nuevos detalles. Ahora, investigaciones internas comenzaron a señalar a dos reconocidos cabecillas criminales como presuntos responsables de financiar el concierto ilegal, en el que participó el cantante Nelson Velásquez, dentro del penal.
Según información revelada en exclusiva por El Tiempo, las autoridades avanzan en la identificación de los internos que habrían aportado recursos para la celebración, cuyo costo total habría alcanzado los 500 millones de pesos.
El evento, realizado el miércoles 8 de abril, incluyó música en vivo, consumo de licor y el ingreso irregular de visitantes, hechos que derivaron en la suspensión inmediata del Espacio de Conversación Socio-Jurídico (SCSJ), mecanismo mediante el cual el Gobierno adelanta diálogos con estructuras criminales recluidas en ese centro penitenciario.
El mánager de Nelson Velásquez indicó a El Tiempo que el artista fue contratado por un hombre identificado únicamente como “Carlos”, pista que ahora hace parte central de la investigación.
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Alias ‘Pocho’, uno de los nombres que aparecen en la investigación
Según fuentes citadas por El Tiempo, una de las hipótesis señala que la fiesta habría sido organizada para celebrar el cumpleaños de un interno vinculado a estructuras criminales del Valle de Aburrá.
El perfil entregado a los investigadores correspondería a Paulo Andrés Torres Flórez, alias ‘Pocho’, señalado cabecilla del grupo delincuencial ‘La Agonía’.
Torres Flórez ha sido procesado por concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas, además de estar relacionado judicialmente con el asesinato de la lideresa comunitaria Liliana Patricia Cataño Montoya en 2017, crimen que habría ordenado desde la estructura criminal que dirigía en la comuna 13 de Medellín.
Las autoridades verifican si la celebración coincidía con su cumpleaños, fechado el 10 de abril de 1987, versión que surgió a partir de testimonios entregados por otros internos tras el escándalo.
Hasta ahora, sus apoderados no han confirmado ni negado su presunta participación en la organización del evento.
Alias ‘Lindolfo’, la otra pista clave detrás del parrandón
La segunda línea investigativa apunta a Sebastián Murillo Echeverri, alias ‘Lindolfo’, exlíder de la Oficina de Envigado.
De acuerdo con versiones recopiladas por El Tiempo y denuncias públicas de la concejal Carrasquilla, la fiesta también habría tenido como propósito celebrar una posible boleta de libertad próxima para este capo, actualmente recluido en el penal de Itagüí.
Murillo Echeverri proviene de una familia históricamente ligada al crimen organizado en Antioquia. Su padre fue socio del narcotraficante Pablo Escobar, y él mismo consolidó poder dentro de la Oficina de Envigado mediante actividades de narcotráfico, extorsión y lavado de activos.
Alias ‘Lindolfo’ también ganó notoriedad pública por su relación sentimental con Vanesa Peláez, un reconocida presentadora que pasó por varios programa de televisión. Él fue condenado a 18 años de prisión.
Las autoridades revisan si el capo habría participado en la colecta económica destinada a financiar el espectáculo musical dentro del penal.
(Vea también: Las credenciales criminales de alias ‘Lindolfo’, un criminal de antaño)
Gobierno suspende diálogos mientras avanzan investigaciones
El escándalo provocó la suspensión temporal de los espacios de diálogo entre el Gobierno y los cabecillas recluidos en Itagüí, considerados piezas clave dentro de la estrategia de Paz Urbana.
Funcionarios de seguridad en Antioquia consideran que la parranda evidencia el poder que algunos jefes criminales aún mantienen desde prisión, incluyendo la capacidad de movilizar recursos económicos, coordinar eventos y ejercer influencia dentro y fuera del sistema penitenciario.
Por ahora, el Inpec continúa estableciendo responsabilidades internas y verificando cómo ingresaron licor, artistas e invitados al penal.
Mientras avanzan las pesquisas, las autoridades buscan determinar si la fiesta fue únicamente una celebración privada o si representa una demostración de poder criminal con implicaciones políticas y judiciales más amplias.
El caso sigue en desarrollo y se espera que en los próximos días se conozcan nuevas decisiones disciplinarias y posibles imputaciones relacionadas con uno de los mayores escándalos carcelarios recientes en Colombia.
La celebración recordó los excesos carcelarios asociados históricamente a capos del narcotráfico como Pablo Escobar.
La parranda habría reunido a cabecillas de organizaciones delincuenciales que actualmente participan como voceros en el proyecto de Paz Urbana del Gobierno Nacional, varios de ellos protagonistas del denominado ‘tarimazo’ del 21 de junio de 2025, evento público en el que compartieron escenario con el presidente Gustavo Petro y miembros de su gabinete.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó la apertura de investigaciones disciplinarias y la suspensión de siete funcionarios mientras se establece cómo fue posible realizar el evento sin autorización oficial.
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