Un nuevo escándalo sacude al Gobierno Nacional luego de conocerse que varios cabecillas de estructuras criminales recluidos en la cárcel de Itagüí (Antioquia) habrían financiado una costosa parranda vallenata al interior del centro penitenciario.
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El hecho causa polémica porque la fiesta se habría hecho con delincuentes que negocian la ‘paz total’, es decir, que los jefes que participaron son voceros ante el Gobierno, según informó Semana.
De acuerdo con la información revelada por la revista, la situación fue confirmada por fuentes del Inpec (Instituto Nacional Penitenciario). Se trataría de condiciones especiales que habrían permitido la organización de celebraciones privadas con música en vivo y otros lujos.
Sectores políticos y de opinión cuestionan que, mientras estos líderes criminales participan en procesos de paz urbana, se sigan registrando hechos que evidencian posibles excesos o tratos diferenciados dentro del sistema penitenciario.
¿Qué cantante dio parranda vallenata en cárcel de Itagüí?
Los llamados ‘capos’ son integrantes de las principales bandas del Valle de Aburrá y gozan de condiciones especiales de reclusión que son calificadas como beneficios atípicos dentro del sistema carcelario colombiano, de acuerdo con el citado medio.
“Entró Nelson Velásquez este miércoles, estuvo en el patio 1, donde están algunos de los integrantes de la paz urbana. Es un beneficio que se les dio por orden de arriba, no podemos hacer nada contra eso”, indicó un funcionario de la entidad a la revista.
La información también fue divulgada por la concejal del Centro Democrático, Claudia Carrasquilla, quien también fue fiscal de Medellín. La cabildante cuestionó al gobierno.
“¿Rumba desde la mañana con Nelson Velásquez? En este país, ya nada sorprende, pero sí indigna. ¿Qué estarán celebrando en una cárcel de máxima seguridad que no sabemos? Mientras los ciudadanos viven con miedo, los criminales parecen estar de fiesta. ¿Quién manda realmente?“.
La parranda vallenata, que habría tenido un alto costo económico, fue pagada por los propios internos y se llevó a cabo dentro del penal, lo que ha despertado cuestionamientos sobre los controles y la vigilancia al interior de la cárcel. El caso revive críticas sobre posibles privilegios para delincuentes de alto perfil, incluso estando privados de la libertad.
Por ahora, las autoridades deberán establecer si hubo irregularidades en el desarrollo de la parranda, quién autorizó el evento y si se violaron normas del régimen carcelario, en medio de un debate creciente sobre los alcances y límites de los beneficios otorgados a estos delincuentes.
Este episodio se suma a otras controversias recientes relacionadas con los cabecillas recluidos en Itagüí, quienes han sido trasladados a eventos públicos o incluidos en espacios de diálogo con el Gobierno. Estas situaciones provocan tensiones entre autoridades locales y nacionales frente al manejo de la política de seguridad y negociación con estructuras criminales.
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