La administración de Donald Trump ha puesto en marcha una nueva ofensiva estratégica contra los llamados ‘dreamers’, aquellos jóvenes inmigrantes que llegaron a Estados Unidos siendo niños y que, durante más de una década, han estado protegidos por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Daca). A diferencia de los intentos fallidos de su primer gobierno por eliminar el programa de raíz, la táctica actual parece enfocada en una “erosión gradual”. El objetivo es endurecer las condiciones de vida de sus beneficiarios hasta empujarlos a abandonar el país por su cuenta, una maniobra que busca evitar los bloqueos judiciales que enfrentó en el pasado, según informó El Tiempo.
El cambio más crítico y reciente provino de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), un tribunal administrativo del Departamento de Justicia. Esta entidad determinó que tener el estatus de Daca ya no es una razón suficiente para que un juez migratorio detenga o cierre un proceso de deportación.
En términos prácticos, esto significa que el “escudo legal” que protegía a estos jóvenes se ha roto; el hecho de ser un beneficiario del programa ya no impide automáticamente una expulsión del territorio estadounidense. Esta decisión establece un precedente peligroso que abre la puerta a que miles de casos sean reabiertos, aumentando la angustia para medio millón de personas que hoy trabajan y viven legalmente bajo este amparo, de acuerdo con el rotativo.
Dentro de este universo de incertidumbre, la comunidad colombiana tiene un protagonismo doloroso. Estimaciones del Instituto para la Política Migratoria (MPI) sugieren que entre 3.000 y 3.500 jóvenes nacidos en Colombia están amparados por Daca. Se trata de personas que, en su gran mayoría, llegaron a Estados Unidos a muy corta edad, se formaron en escuelas estadounidenses y no tienen vínculos reales ni redes de apoyo en Colombia. Para ellos, la posibilidad de una deportación no es solo un trámite migratorio, sino la pérdida total de su único hogar conocido, según el informe periodístico.
La presión de la Casa Blanca no se limita a los tribunales, sino que ha pasado al plano económico y social bajo una estrategia de asfixia. Una de las medidas más polémicas ha sido retirarles el acceso a los seguros de salud subsidiados bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible, conocida como Obamacare. Al quedarse sin estos subsidios, el costo de la cobertura médica se ha vuelto impagable para muchos jóvenes que apenas inician su vida laboral o están terminando sus estudios.
El sector educativo, que siempre fue el refugio de los ‘dreamers’, también está bajo fuego. El Departamento de Justicia ha estrechado alianzas con fiscales de estados republicanos para impugnar leyes que permitían a estos jóvenes pagar matrículas universitarias reducidas. En estados como Nebraska, Texas, Oklahoma y Virginia, la justicia ha acordado eliminar estos beneficios bajo el argumento de que favorecer a inmigrantes discrimina a los ciudadanos estadounidenses. En Nebraska, por ejemplo, el impacto ha sido inmediato: el valor de la matrícula se triplicó, forzando a muchos estudiantes a abandonar sus carreras ante la imposibilidad de costearlas.
Además, el gobierno ha iniciado investigaciones contra universidades que otorgan becas a estudiantes indocumentados, alegando irregularidades en el manejo de fondos. Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento para la Seguridad Interna (DHS), fue clara al recomendar a los beneficiarios que “tomen nuestra oferta y salgan del país de manera voluntaria”. Esta narrativa de hostilidad busca crear un entorno tan restrictivo que el “sueño americano” se convierta en una pesadilla económica y legal. Mientras tanto, editorialistas de medios como el Washington Post defienden que extinguir este sueño para personas plenamente integradas a la sociedad es un error que afecta no solo a los inmigrantes, sino a las comunidades que los ven como vecinos y compañeros indispensables
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