Una nueva directriz del Departamento de Estado de Estados Unidos podría cambiar de forma significativa el proceso para obtener una visa, especialmente las de no inmigrante. La medida introduce preguntas obligatorias en las entrevistas consulares que, dependiendo de la respuesta del solicitante, podrían derivar en una negación inmediata del documento.
Los consulados deberán preguntar a los solicitantes si han sufrido daños o maltrato en su país de origen y si temen regresar a él. Estas preguntas buscan identificar posibles intenciones de solicitar asilo una vez ingresen a territorio estadounidense. Sin embargo, responder afirmativamente o incluso negarse a contestar podría elevar considerablemente la probabilidad de rechazo de la visa.
Además, los funcionarios consulares exigirán que los solicitantes afirmen de forma explícita que no temen regresar a su país como condición para continuar con el proceso. La medida hace parte de un endurecimiento en los controles migratorios impulsado por la administración de Donald Trump, con el objetivo de reducir el número de solicitudes de asilo tras el ingreso al país.
“El elevado número de extranjeros que solicitan asilo en Estados Unidos indica que muchos de ellos falsean esta intención ante los funcionarios consulares”, dicen documentos conocidos por medios internacionales. En ese sentido, las autoridades consideran que los mecanismos actuales no han sido suficientes para detectar estos casos durante el proceso de visa.
La política aplicará principalmente a visas de turismo, estudio y trabajo temporal, una categoría que abarca millones de solicitudes al año. Solo en 2024, se emitieron cerca de 11 millones de estas visas, lo que refleja el amplio alcance que tendría esta nueva exigencia en los procesos migratorios.
No obstante, expertos advierten sobre las implicaciones de esta medida. Personas que realmente enfrentan riesgos en sus países —como periodistas amenazados o víctimas de violencia— podrían ver negada su visa, pese a tener motivos legítimos para viajar.
Finalmente, la directriz también plantea un dilema para los solicitantes: decir la verdad podría cerrarles la puerta a la visa, pero ocultarla implicaría dar información falsa a un funcionario federal, lo que podría acarrear sanciones, incluso una prohibición permanente de ingreso a Estados Unidos.
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