El plan del gobierno de Donald Trump para aumentar la desnaturalización de ciudadanos nacionalizados en Estados Unidos marca un giro frente a lo que históricamente se había considerado como una práctica excepcional que solo había afectado a 425 personas entre 1990 y 2024.
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De acuerdo con un informe de El Tiempo, antes del gobierno Trump, apenas 12 casos al año terminaron en pérdida de nacionalidad, casi siempre luego de procesos judiciales extensos en los que el Gobierno logró demostrar fraude o engaño deliberado en la solicitud.
Sin embargo, en la última semana, de acuerdo con un corresponsal del citado medio, el Departamento de Justicia de Estados Unidos identificó a 384 extranjeros a quienes busca retirarles la ciudadanía y ordenó a fiscales en todo el país avanzar con estos casos en tribunales.
La meta apunta a escalar los procesos hasta 200 por mes, es decir, cerca de 2.400 al año, lo que representa un aumento sin precedentes frente a las cifras históricas.
¿Qué pasará con los colombianos en Estados Unidos?
Para los colombianos —y en general cualquier ciudadano naturalizado— el impacto depende de cómo obtuvieron la ciudadanía. La legislación de Estados Unidos establece que la nacionalidad solo puede retirarse si se demuestra que fue conseguida mediante fraude o engaño deliberado ante las autoridades.
Esto implica que quienes completaron el proceso de forma legal, con información verificada y sin inconsistencias, mantienen su estatus sin cambios. La ley exige pruebas claras y contundentes ante un juez, por lo que no existe una pérdida automática de la ciudadanía.
El riesgo se concentra en casos donde existan datos falsos, omisiones o antecedentes ocultos durante la naturalización, como matrimonios fraudulentos o historial penal no declarado. En estos escenarios, el Gobierno puede iniciar procesos judiciales que deben resolverse en tribunales federales.
Especialistas advierten que el cambio no implica una afectación masiva inmediata, pero sí un aumento en la vigilancia y en la posibilidad de que más expedientes entren en revisión, dentro de una estrategia que busca ampliar el uso de esta herramienta legal.
¿A quiénes podrían quitarles la ciudadanía en EE. UU.?
Históricamente, los procesos de desnaturalización se concentraban en situaciones específicas, como fraude migratorio, ocultamiento de antecedentes o casos relacionados con delitos graves. Sin embargo, un memorando reciente amplió las categorías e incluyó personas con supuestos vínculos con terrorismo, pandillas o carteles.
Expertos advierten que esta ampliación podría dar lugar a interpretaciones más amplias de la norma y aumentar la vulnerabilidad de los ciudadanos naturalizados, especialmente en un contexto de controles migratorios más estrictos.
En paralelo, también surgen dudas sobre la capacidad del sistema judicial, ya que muchas oficinas federales enfrentan alta carga de trabajo y la incorporación de estos casos podría impactar otras áreas como derechos civiles o corrupción.
Desde la administración defienden la medida como una aplicación estricta de la ley. No obstante, el giro es evidente: lo que durante décadas fue una herramienta excepcional empieza a perfilarse como un mecanismo mucho más frecuente dentro de la política migratoria de Estados Unidos. Sin contar con que a comienzos de 2026 Estados Unidos suspendió el trámite de visas de Inmigrante.
¿Cómo será la regularización de migrantes en España?
El Gobierno español anunció una regularización extraordinaria de personas migrantes en situación irregular, que podría beneficiar a alrededor de 500.000 personas. Se trata de un proceso excepcional mediante el cual personas extranjeras que hoy se encuentran en ese país sin permiso de residencia podrán obtener papeles de forma legal si cumplen una serie de requisitos básicos. Entre los requisitos que deberán cumplir son: Estén en España antes del 31 de diciembre de 2025 Puedan demostrar que llevan al menos cinco meses de residencia en el país No tengan antecedentes penales relevantes Este tiempo de permanencia podrá acreditarse con documentos como: Certificados de empadronamiento Informes médicos o citas sanitarias Contratos de alquiler Facturas de servicios como luz o agua
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