La escasez de agua que golpea con fuerza a varios municipios del departamento llevó a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) a tomar medidas drásticas. En las próximas dos semanas, la entidad iniciará una revisión exhaustiva de las concesiones de agua otorgadas a diversas empresas que se abastecen de fuentes naturales con altos niveles de estrés hídrico, con el propósito innegociable de priorizar el consumo humano en las poblaciones más vulnerables.
Durante una entrevista con medios radiales, el director de la CAR, Alfred Ballesteros, fue enfático en señalar que la situación ha llegado a un punto donde las autoridades no titubearán en limitar caudales o aplicar suspensiones totales. Sin embargo, aclaró que la medida tendrá un enfoque diferenciado basado en la responsabilidad ambiental de cada compañía.
Aquellas empresas que demuestren un compromiso real con la sostenibilidad —implementando sistemas de aprovechamiento de aguas lluvias, reutilización y principios de economía circular— recibirán un trato flexible. En contraste, las que operen de espaldas a la crisis enfrentarán castigos severos. “Si tengo una empresa floricultor, por decir algo, que no me está aprovechando aguas lluvias, que no tiene un sistema eficiente de goteo para sus cultivos, que no está haciendo reúso de agua, pues creo que hay que dar una lección también y hay que cerrarle la llave”, advirtió Ballesteros.
La decisión se fundamenta en un diagnóstico desalentador sobre las fuentes hídricas locales, agravado durante el mes de septiembre por las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño y los bajos caudales en ríos y quebradas. Actualmente, el departamento registra 12 municipios en situación severa, seis en alerta roja, dos con calamidad pública declarada y cinco bajo racionamientos estrictos con apoyo de carrotanques.
Mientras que los municipios de la Sabana conectados al Acueducto de Bogotá cuentan con mayor estabilidad, cerca de 90 poblaciones que dependen exclusivamente de fuentes locales —como Puerto Salgar, Villeta, Viotá, Tocaima, Caparrapí y El Colegio— enfrentan los mayores riesgos de desabastecimiento. A esto se suma la incertidumbre sobre la intensidad de la temporada de lluvias proyectada para el remate de año y el reto crítico que representarán los meses de diciembre y enero.
Más allá de las restricciones operativas, el director de la CAR hizo un llamado enérgico al empresariado para que asuma una corresponsabilidad real en la protección de las microcuencas abastecedores. Recordó que el pago de la tarifa convencional de acueducto solo cubre potabilización y transporte, mas no la regeneración de los ecosistemas de donde se extrae el recurso.
Actualmente, la corporación adelanta proyectos de restauración en unas 800 microcuencas con inversiones cercanas a los 200.000 millones de pesos en alianza con organismos internacionales, pero insistió en que la adaptación al cambio climático y el uso eficiente del agua pasaron de ser una opción a convertirse en una obligación ineludible para el tejido productivo del departamento.
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