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Tras su renuncia al cargo de directora de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF), Mónica Higuera Garzón explicó en entrevista con La FM de RCN los motivos que la llevaron a dejar el puesto y las advertencias técnicas que comunicó al Gobierno en relación con la propuesta de modificar los límites de inversión que tienen los fondos de pensiones privados. El debate se inserta en el contexto de la estructura del mercado de capitales en Colombia, el cual, según Higuera, presenta restricciones en su profundidad y liquidez, es decir, en la cantidad de transacciones y en la capacidad de movilizar recursos sin afectar los precios de los activos.
El presidente Gustavo Petro manifestó su preocupación sobre el volumen de recursos administrados por los fondos de pensiones en el exterior, cuestionando un decreto expedido durante el final del gobierno de Juan Manuel Santos. Petro sugirió que dichos recursos deberían orientarse hacia la inversión interna. Cuando Higuera asumió su cargo en agosto de 2023, la repatriación de recursos no era una prioridad en la agenda gubernamental. Sin embargo, antes de la entrada en vigor de la Ley 2381, fue consultada por el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla sobre posibles cambios en los límites de inversión, advertencia que debía coordinarse con la nueva ley pensional y el funcionamiento de los fondos generacionales.
Durante la administración del ministro de Hacienda Germán Ávila, Higuera recibió la instrucción de preparar un decreto que permitiera atraer hasta $125 billones en seis meses desde los portafolios catalogados como de alto y moderado riesgo. Ella expresó su preocupación ante la posibilidad de ejecutar una operación de tal tamaño en un plazo reducido, destacando la complejidad de las inversiones de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), las cuales se distribuyen en diferentes activos, plazos, monedas y regiones bajo estrategias de mediano y largo plazo. Una movilización apresurada implicaría desmontar estrategias, asumir penalizaciones por retiros anticipados y enfrentar problemas de liquidez que afectarían directamente a los afiliados, quienes son los propietarios de los recursos, según detalló Higuera.
La exdirectora señaló además la limitación de emisores en el mercado local y la alta exposición que las AFP ya tienen a la deuda pública. Aunque estas inquietudes fueron transmitidas al ministro Ávila, la respuesta fue que se trataba de una instrucción presidencial. Paralelamente, la Superintendencia Financiera remitió un proyecto de decreto a la URF para concepto técnico, y el equipo encontró deficiencias en términos de liquidez, riesgo e insuficiente apoyo técnico.
Posteriormente, el ministro solicitó a la URF una alternativa, y Higuera relató que se presentó al Consejo Directivo de la Unidad una propuesta sustentada desde el rigor técnico y jurídico, que priorizaba la protección del ahorro pensional. Al ser consultada por el viceministro Leonardo Pasos sobre si el documento incluía todo lo pedido por el ministro, Higuera informó que solo reflejaba lo viable institucionalmente y pidió los soportes necesarios. Esto llevó a que la sesión fuera levantada de inmediato.
La principal preocupación expresada por Higuera es que la repatriación de hasta $120 billones en seis meses pondría a prueba la liquidez del mercado financiero colombiano y podría ocasionar pérdidas y tensiones en el sistema. Añadió que no se definía un destino específico para los recursos retornados. Higuera afirmó que el presidente Petro luego mostró disposición al diálogo con las AFP, mientras que el ministro Ávila presentó cifras inconsistentes acerca del monto total involucrado, mencionando cantidades superiores a lo discutido inicialmente.
Para Higuera, cualquier decisión debe cumplir el ciclo normativo completo, incluyendo estudios técnicos y la participación de sectores relevantes. La exfuncionaria concluyó que decidió dar su testimonio público para proteger la institucionalidad y velar por el ahorro de los afiliados a los fondos de pensiones.
¿Por qué es fundamental la coordinación técnica y jurídica en las decisiones sobre los fondos de pensiones?
La pregunta adquiere relevancia a la luz de las advertencias formuladas por Mónica Higuera sobre los riesgos de implementar medidas sin el debido soporte técnico y jurídico en temas sensibles como el manejo del ahorro pensional. Según lo expuesto a La FM de RCN, los fondos de pensiones administran recursos de millones de afiliados bajo estrategias de largo plazo, e intervenciones apresuradas o mal fundamentadas podrían exponer estos recursos a penalidades y pérdidas, impactando directamente a los ahorradores.
Dicha coordinación implica que cualquier cambio en los límites de inversión o en la repatriación de fondos debe sustentarse con estudios, análisis de impacto y consulta a los actores involucrados, como exige la normativa del sector. La protección del ahorro pensional y la estabilidad del sistema financiero dependen de decisiones informadas, transparentes y estrictamente ajustadas a la legalidad y a criterios técnicos.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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