El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
La decisión del Gobierno de Gustavo Petro de declarar la emergencia económica a finales de diciembre de 2025 generó una respuesta inmediata y significativa en el Congreso de la República, específicamente en el Senado. Esta medida extraordinaria obligó a la realización de una sesión virtual y urgente de la plenaria, donde se estableció la citación a varios ministros del gabinete para que aclararan ante el Legislativo las justificaciones de tan importante declaratoria. El principal objetivo era que los funcionarios explicaran las circunstancias que llevaron a utilizar una herramienta tan contundente contemplada dentro de la Constitución, que otorga al Ejecutivo facultades especiales ante situaciones de crisis nacional.
Sin embargo, el proceso de rendición de cuentas enfrentó serias dificultades. Tal y como lo reveló el senador Carlos Motoa, del partido Cambio Radical, quien lideró este ejercicio de control político, los ministerios tenían como fecha límite el 31 de diciembre para responder los cuestionamientos del Senado. No obstante, la mayoría de los ministerios no cumplieron con el plazo, e incluso, algunos como el de Agricultura, Igualdad y Culturas solicitaron prórrogas sin una justificación clara, mientras que la única cartera que cumplió con el requerimiento fue la de Justicia, según el propio Motoa.
La falta de respuesta también afectó el cronograma legislativo. Pese a que se había fijado una fecha inicial para el debate de control político el 29 de diciembre, la inasistencia del gabinete se justificó alegando que no se habían cumplido los cinco días estipulados por ley para emitir sus respuestas y fijar una sesión de debate. Ante este retraso, el senador Motoa anunció a El Espectador que solicitará por escrito al presidente del Senado, Lidio García, que convoque a una nueva sesión lo antes posible, enfatizando la importancia de ejercer vigilancia sobre decisiones ejecutivas de alto impacto para la nación.
Esta inasistencia ha sido duramente cuestionada desde el Legislativo. Motoa advirtió que tal conducta contradice lo estipulado en el artículo 135 de la Constitución Política y refleja una falta de disposición por parte del Ejecutivo para acudir al llamado de control político, lo que según él demuestra poca voluntad para transparentar sus actuaciones ante los órganos de representación popular.
La declaratoria de emergencia económica no ha sido una medida aislada, pues vino acompañada de una controversial carga tributaria. Entre los nuevos impuestos incorporados se encuentran el gravamen al patrimonio, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el impuesto al consumo en productos como licores y tabacos. El propósito principal de esta batería de tributos es asegurar un recaudo de 11 billones de pesos colombianos, cifra necesaria para solventar parte del Presupuesto Nacional proyectado para el año 2026. Dicho contexto explica el interés y la preocupación del Legislativo por garantizar un riguroso control y transparencia en la toma de decisiones de alcance económico y social tan abrumador.
El asunto ha provocado amplia atención en el ámbito político, tanto por sus efectos directos en la economía nacional como por el interrogante sobre la relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo en medio de situaciones excepcionales. Los resultados de este pulso institucional, así como la eventual fecha del debate, siguen siendo una incógnita de alto interés público, en tanto definen la manera en que se fiscaliza la conducción del país en momentos críticos.
¿Por qué es obligatorio el control político sobre una declaratoria de emergencia económica?
La obligación de ejercer control político sobre una declaratoria de emergencia económica se fundamenta en el modelo democrático y constitucional colombiano. Según el artículo 135 de la Constitución Política, el Congreso debe convocar y cuestionar al Ejecutivo en momentos de crisis para verificar que las facultades extraordinarias otorgadas por la emergencia no sean usadas de manera arbitraria o desproporcionada. Este ejercicio busca garantizar transparencia, evitar abusos de poder y confirmar que las medidas adoptadas realmente respondan al bienestar general y a necesidades urgentes.
La importancia de este control radica también en la magnitud de las consecuencias sociales y económicas derivadas de la emergencia. Al incluir impuestos que afectan a gremios, empresas y ciudadanos en general, se hace indispensable un debate abierto donde el Gobierno exponga sus razones y justificaciones, y el Legislativo ejerza su función de vigilancia y defensa del interés público.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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