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En el Senado de Colombia, se vivió una extensa jornada marcada por intensos debates centrados en el reciente relevo de la alta cúpula militar. Tras cinco horas de discusión, la plenaria decidió postergar el debate de control político sobre el polémico decreto que declara la emergencia económica en el país. Esta determinación, anunciada por Lidio García, presidente del Congreso perteneciente al Partido Liberal, buscó evitar vicios de procedimiento y asegurar la transparencia del proceso legislativo, en medio de reiterados cuestionamientos sobre la oportunidad y legalidad de la citación a los ministros del gobierno de Gustavo Petro.
La convocatoria para asistir a la sesión fue emitida el viernes anterior, programando la jornada para el lunes siguiente con el objetivo de que los responsables del Ejecutivo respondieran a un detallado cuestionario de 22 interrogantes en torno al decreto de emergencia económica. No obstante, los ministros justificaron su ausencia señalando que la ley exige un plazo mínimo de cinco días para responder de manera adecuada y concertar la fecha de presencia en el Senado, argumento que fue atendido por la mesa directiva y derivó en el aplazamiento del debate.
De acuerdo con El Espectador, al inicio de la sesión también figuraba en agenda la votación de los ascensos militares, proponiéndose que el control político antecediera dicha decisión. Sin embargo, solo 35 senadores respaldaron la moción. El senador Carlos Fernando Motoa, del partido Cambio Radical, reiteró la importancia de contar con la presencia del ministro de Defensa, general retirado Pedro Sánchez, para abrir puertas al debate. Pero el funcionario advirtió desde el inicio que su permanencia estaría sujeta únicamente al desarrollo de la votación sobre los ascensos.
El jefe de la cartera de Defensa fue enfático al señalar que asistirían cuando los requisitos legales se hubieran cumplido, previsiblemente el 31 de diciembre, mostrando disposición pero sin ceder ante la presión política. Esta respuesta fue compartida por Motoa en sus redes sociales, donde manifestó su esperanza de que el control político se realice en la próxima fecha mencionada, y criticó la excesiva rigurosidad en la aplicación de la norma por parte del gobierno.
Cerca del final de la sesión, García reconoció ante los presentes que, efectivamente, los altos funcionarios del denominado “Gobierno del cambio” no estaban obligados por ley a presentarse ese día, pero insistió en la facultad que tiene el Congreso de ejercer control político en el momento que lo considere pertinente. A su vez, dejó abierta la discusión para resolver si el debate se reprogramaría para el 31 de diciembre o se postergaría hasta enero, comprometido a consensuar la decisión con los voceros de las distintas bancadas.
La publicación del decreto de emergencia económica el 22 de diciembre, según reportó El Espectador, agudizó las tensiones entre el Congreso y la Presidencia, tras el rechazo a la reforma tributaria de 16 billones de pesos propuesta por el Ejecutivo para financiar el presupuesto de 2026. Este contexto turbulento se suma a la expectación ciudadana ante el inminente anuncio del incremento del salario mínimo, proyectado en cifras de dos dígitos, lo que añade presión sobre la agenda política en el cierre de año.
¿Qué es un debate de control político y cuál es su importancia en el Congreso colombiano?
Esta pregunta surge debido al protagonismo que ha adquirido el control político en la actual coyuntura nacional, especialmente ante la aplicación de medidas excepcionales como la emergencia económica y la sucesión de modificaciones en la cúpula militar. El debate de control político es un mecanismo institucional que permite al Congreso ejercer vigilancia sobre las acciones del Ejecutivo, exigiendo explicaciones sobre decisiones clave y promoviendo la transparencia en la gestión pública.
La importancia de este instrumento radica en su función de contrapeso dentro del sistema democrático, dotando al Congreso de la capacidad de cuestionar, fiscalizar y orientar las políticas gubernamentales. Su ejercicio garantiza que las decisiones del Estado respondan al interés general y se desarrollen conforme a las normas legales y constitucionales vigentes, fortaleciendo así la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?
El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.
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