El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
En la mañana del 26 de diciembre, el Senado de Colombia fue convocado de manera virtual para adelantar una sesión extraordinaria. El principal objetivo: tramitar una serie de ascensos militares y policiales junto con proposiciones orientadas por la oposición. Entre ellas, destaca la intención de ejercer un control político relacionado con la emergencia económica que decretó el Gobierno de Gustavo Petro. Este estado de emergencia habilitaría el fondeo de 16,3 billones de pesos colombianos para asegurar el presupuesto nacional de 2026, según se precisa en las fuentes citadas por El Espectador.
Lidio García, actual presidente del Senado y miembro del Partido Liberal, recalcó que el Congreso es un ente independiente y que, conforme a lo dispuesto por la Constitución colombiana, posee la atribución de reunirse en circunstancias especiales para abordar situaciones críticas como la planteada por los decretos expedidos desde la Casa de Nariño. García enfatizó que la autonomía del Congreso no implica una traba a las reformas impulsadas por el Gobierno y subrayó que “defender su autonomía no bloquea reformas, protege la democracia”. Estas afirmaciones fueron expuestas en respuesta a las recientes declaraciones del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.
El ministro Sanguino, quien señaló públicamente al Senado y a su presidente de intentar un bloqueo institucional, advirtió que supuestamente se están obstaculizando los proyectos del Ejecutivo y afirmó que la labor legislativa encabezada por García hace parte de ese presunto bloqueo. El debate evidenció cómo las posturas entre el Legislativo y varios representantes del Gobierno se han vuelto cada vez más tensas, especialmente en el contexto del análisis de la emergencia económica.
Por su parte, Armando Benedetti, ministro del Interior, fue enfático al señalar en redes sociales y en declaraciones a medios que no corresponde la realización de una sesión virtual para ejercer control político sobre el proceso extraordinario. Benedetti citó el artículo 215 de la Constitución, el cual establece que el estado de emergencia puede ser invocado tanto por hechos consumados como por amenazas al orden económico del país.
Dentro de la jornada, se prevé que tras instalar formalmente la sesión virtual, se presentará una proposición para que el Congreso sea convocado a sesión presencial y profundice el debate político sobre la emergencia decretada. La iniciativa, según El Espectador, será liderada por el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, quien sostiene que el análisis de la emergencia económica sí puede efectuarse en ejercicio de sesiones extraordinarias por parte del Congreso.
La sesión está citada para las 10 de la mañana, y aunque tiene como telón de fondo los trámites de ascensos, lo que realmente se anticipa es un debate de amplias repercusiones políticas. Tanto el oficialismo como la oposición parecen dispuestos a capitalizar este escenario con proyección hacia el ciclo electoral que se avecina, según se desprende del análisis del propio diario citado.
La controversia sobre la emergencia económica se suma a las diferencias entre el presidente del Congreso y los ministros del Gobierno Petro, que se han hecho evidentes en distintos escenarios públicos y redes sociales, reafirmando la centralidad política que el control legislativo mantiene en Colombia ante decisiones de alto impacto nacional.
¿En qué consiste exactamente el “control político” que ejerce el Congreso frente a una emergencia económica?
El concepto de control político refiere a la facultad del Congreso para revisar, cuestionar y respaldar o rechazar las medidas excepcionales adoptadas por el Ejecutivo bajo estados de emergencia económica. En la coyuntura analizada, esta función adquiere especial relevancia, dado que implica velar por el correcto uso de los recursos públicos, así como evitar posibles excesos o desviaciones en la expedición de decretos con fuerza de ley, como los orientados a financiar el presupuesto nacional del 2026. Este control es crucial para garantizar los frenos y contrapesos democráticos en momentos extraordinarios.
La relevancia del control político radica en que, aunque el Gobierno cuenta con atribuciones extraordinarias durante una emergencia económica, la Constitución exige que el Poder Legislativo supervise activamente las acciones ejecutivas. El análisis y debate sobre la legalidad, pertinencia y efectos de los decretos asegura una deliberación pluralista, elemento fundamental del sistema democrático colombiano y mecanismo de protección para los intereses ciudadanos.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?
El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.
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