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En las últimas horas, el Gobierno Nacional expidió un decreto que introduce cambios de fondo en la manera en que se cubre el impacto del aumento del salario mínimo dentro del sistema pensional. Se trata del Decreto 1485, que modifica el esquema de respaldo al pago de pensiones bajo la modalidad de renta vitalicia, tanto inmediata como diferida.
(Vea también: Colpensiones avisa a millones de colombianos fecha clave para que no duerman sobre los laureles)
Para Andrés Velasco, presidente de Asofondos, la norma traslada a los trabajadores el costo de un incremento elevado del salario mínimo, una obligación que hasta ahora había asumido el Estado. En la práctica, advirtió, este cambio reduce de manera significativa las posibilidades de que miles de colombianos accedan a una pensión a través de las rentas vitalicias.
El dirigente del gremio señaló que uno de los impactos más sensibles de la medida es el encarecimiento sustancial del acceso a la pensión mínima.
“Si antes se requerían cerca de $350 millones para obtenerla, ahora sería necesario ahorrar alrededor de $200 millones adicionales”, explicó. Según dijo, esto obligaría a muchos afiliados a trabajar entre 15 y 20 años más.
La norma, firmada por el Ministerio de Hacienda, modifica el mecanismo con el que la Nación compensa a las aseguradoras por el mayor costo que genera el incremento del salario mínimo en las pensiones mínimas. Según el Ejecutivo, el objetivo es corregir desequilibrios técnicos y financieros que se habían acumulado desde la implementación del modelo vigente en 2016.
Reacciones a decreto que retrasaría pensión de trabajadores
No obstante, el decreto ha despertado fuertes críticas desde el sector pensional. Desde Asofondos advirtieron que la nueva fórmula implica que el Estado deje de asumir una responsabilidad que había mantenido por más de una década para garantizar el pago de las pensiones mínimas a través de rentas vitalicias.
En un pronunciamiento conjunto, Asofondos y Fasecolda alertaron que la medida tendría efectos negativos sobre la capacidad de los colombianos para pensionarse. Según los gremios, el cambio podría traducirse en un menor número de pensionados, pensiones más bajas y una mayor desprotección en los seguros de invalidez y sobrevivencia.
Una de las principales preocupaciones es que, al eliminarse el cubrimiento estatal de ese costo adicional, los afiliados tendrían que aportar cerca de un 30 % más para acceder a una pensión bajo la modalidad de renta vitalicia. Este mayor esfuerzo de ahorro, advierten, excluiría a una parte significativa de la población del sistema pensional.
Incluso quienes logren pensionarse verían afectado el valor de su mesada. Al encarecerse las rentas vitalicias, el mismo nivel de ahorro permitiría acceder a una pensión de menor monto, lo que reduciría la capacidad del sistema para garantizar ingresos adecuados en la vejez.
De acuerdo con un documento enviado por Asofondos y Fasecolda al Ministerio de Hacienda, bajo la normativa vigente una persona con un capital cercano a los $446 millones podría obtener una pensión promedio superior a $1.800.000. Con el cambio propuesto, esa misma persona quedaría limitada a una mesada equivalente a un salario mínimo, hoy en $1.423.500, lo que representa una reducción cercana al 30 %.
Los gremios insisten en que este deterioro no responde a una menor cotización ni a cambios en la trayectoria laboral del trabajador, sino exclusivamente a una modificación regulatoria que debilita la capacidad del sistema para reemplazar los ingresos en la etapa de retiro.
“Con esta medida será más difícil acceder a una pensión mínima vitalicia y, en consecuencia, menos trabajadores podrán asegurar un ingreso de por vida”, advirtió Gustavo Morales, presidente de Fasecolda.
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