Portal de economía y negocios especializado en información del dólar, bolsas de valores, inversiones, otros mercados de capitales, indicadores económicos, criptomonedas, empresas y economía de bolsillo, entre otros temas del día a día.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) advirtió que el incremento del 23% en el salario mínimo decretado por el Gobierno para 2026 tendrá consecuencias profundas en las finanzas públicas nacionales. De acuerdo con el Comunicado No. 22 del Comité, el impacto estimado para 2026 es de, al menos, $5,3 billones, equivalentes a 0,3% del Producto Interno Bruto (PIB). Para 2027 y años sucesivos, la cifra proyectada asciende a unos $8 billones, es decir, 0,4% del PIB. Este aumento en el déficit fiscal implica, según el CARF, una menor probabilidad de retomar el ajuste definido por la Regla Fiscal, lo que puede impactar negativamente la sostenibilidad de la deuda pública del país.
La decisión oficial fue formalizada a través del Decreto 1469 de 2025. El mismo Comité anotó que, históricamente, el salario mínimo mensual legal vigente ha crecido en términos reales alrededor de 1,2 puntos porcentuales en los últimos veinte años. Sin embargo, el ajuste para 2026 conlleva una expansión real próxima al 18,5%, lo que motivó la publicación de estimaciones preliminares sobre los posibles efectos fiscales asociados a la medida. No obstante, el CARF aclaró que estas proyecciones son preliminares, ya que varios canales de impacto no pudieron ser cuantificados en este primer análisis.
Uno de los canales más relevantes identificados es el relacionado con el gasto en pensiones del Régimen de Prima Media (RPM), en particular las que se sitúan cerca de un salario mínimo. El aumento del mínimo implicaría un mayor gasto pensional de aproximadamente $4,7 billones solo en 2026, según las cifras presentadas. Además, el Comité señaló que el ajuste tendrá efectos sobre los egresos destinados a salarios de funcionarios públicos que devengan un salario mínimo. Se estima un impacto de cerca de $0,6 billones, considerando la existencia de 191.400 empleados que perciben este nivel de remuneración y el pago de 13,5 mesadas anuales.
En cuanto al recaudo fiscal, el CARF advierte que el incremento en el costo salarial podría disminuir el recaudo por impuesto de renta corporativo, como consecuencia de una reducción en los márgenes de utilidad empresarial. Desde 2027, el recaudo por este concepto podría reducirse en cerca de $2,7 billones, bajo el supuesto de que una fracción de los mayores costos laborales se traduzca en menores utilidades empresariales.
El Comité enfatizó que sus estimaciones no incorporan el posible efecto neto positivo en la demanda agregada, el cual podría atenuar la reducción en el recaudo, ni efectos no cuantificables como el aumento del Índice Base de Cotización para pensiones, mayores gastos en la adquisición de bienes y servicios para el Estado o el ajuste de rentas vitalicias del Régimen de Ahorro Individual (RAIS), que se actualizan con base en el salario mínimo. Recordó que, ante incrementos del salario mínimo por encima de la inflación y la productividad, el Gobierno debe cubrir cualquier déficit financiero requerido para respaldar estas obligaciones pensionales.
En síntesis, el CARF destacó que el impacto fiscal de la medida adoptada ocurre en medio de notables restricciones fiscales y bajo la declaratoria de emergencia económica. Subrayó que el aumento “aleja la posibilidad de retornar a la senda de ajuste de la Regla Fiscal y deteriora las perspectivas de sostenibilidad de la deuda pública”, una advertencia que pone de relieve la gravedad del actual panorama fiscal.
¿Qué es la Regla Fiscal y por qué es relevante cuando se habla de salario mínimo?
La Regla Fiscal es un mecanismo utilizado por el Gobierno para establecer límites al déficit fiscal y asegurar la sostenibilidad financiera del país a largo plazo. Su función principal es impedir que el gasto público y el endeudamiento crezcan descontroladamente, favoreciendo unas finanzas públicas estables y previsibles, aspecto fundamental para la credibilidad ante inversionistas y organismos internacionales.
Cuando se implementan aumentos significativos en el salario mínimo, como el recientemente decretado para 2026, se altera la estructura de muchos componentes del gasto público: pensiones, salarios de empleados estatales y transferencias indexadas al salario mínimo, por ejemplo. Estos incrementos pueden dificultar el cumplimiento de las metas establecidas en la Regla Fiscal, generando preocupaciones sobre la capacidad del Estado para equilibrar sus cuentas y evitar un deterioro en la deuda pública o la credibilidad financiera.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO
.svg)
