El Ministerio de Hacienda anunció una propuesta para eliminar la exención que desde hace 15 años tenían algunos sectores empresariales en el pago de la contribución de solidaridad en el servicio de energía eléctrica.
Con esta medida, compañías de los sectores agrícola, minero, constructor, de comunicaciones y de suministro de servicios públicos deberán pagar una sobretasa del 20 % sobre su consumo mensual de energía, que ya se aplica a industrias, comercios y hogares de estratos altos.
Los recursos recaudados se destinarán a subsidiar las tarifas de los estratos 1, 2 y 3, que reciben entre un 60 % y un 15 % de apoyo en sus facturas.
El Ministerio estima que el aumento en costos de producción será mínimo, con un promedio de 0,098 %, aunque advierte que sectores intensivos en electricidad, como el níquel o el gas, sentirán un mayor impacto.
La entidad defiende la medida al señalar que permitiría reducir en 1,2 billones de pesos las presiones fiscales derivadas de los subsidios, en un contexto de endeudamiento creciente y uso de la cláusula de escape de la regla fiscal.
Sin embargo, empresarios y gremios critican la propuesta. Andeg la calificó de “absurda”, mientras que otros expertos piden un debate legislativo y alternativas más graduales para no incentivar la autogeneración ni afectar la estabilidad del sistema eléctrico.
Por qué empresas subsidian algunos servicios públicos en Colombia
En Colombia, el modelo de subsidios en los servicios públicos, especialmente en la energía eléctrica, se basa en un esquema de solidaridad que busca garantizar el acceso a este servicio esencial para los hogares de menores ingresos.
Este sistema parte del principio de redistribución: los estratos socioeconómicos más altos, junto con las empresas que consumen altos volúmenes de energía, pagan un recargo adicional en sus facturas que se destina a subsidiar parte del consumo de los estratos bajos. Así, se busca que los hogares de estratos 1, 2 y 3 puedan cubrir el costo de la energía sin que ello represente una carga desproporcionada frente a sus ingresos.
Las empresas, al ser grandes consumidoras de electricidad, se convierten en actores clave dentro de este mecanismo. Su aporte, a través de contribuciones adicionales, permite financiar subsidios que cubren hasta un 60 % de la factura de los hogares de estrato 1, un 50 % en estrato 2 y un 15 % en estrato 3.
Esta redistribución cumple un papel social al reducir la desigualdad y garantizar un mínimo de bienestar, pues la energía no solo es un insumo básico para la vida cotidiana, sino también para la educación, el trabajo y la salud.
Desde la perspectiva del Estado, este esquema busca mantener la cohesión social y evitar que la pobreza energética se convierta en un obstáculo para el desarrollo del país. Sin embargo, para las empresas representa un costo adicional que se suma a sus gastos de operación, lo que ha generado debates sobre su conveniencia y sostenibilidad.
Pese a ello, el principio de solidaridad se mantiene como un pilar del sistema de servicios públicos en Colombia, en el entendido de que quienes tienen mayor capacidad económica deben contribuir a mejorar las condiciones de quienes más lo necesitan.
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