El beneficio laboral denominado Día de la Familia, que otorgaba un día libre remunerado por semestre a los trabajadores formales, dejará de ser una obligación para las empresas en Colombia a partir de julio de 2026. Este cambio, que impactará a millones de trabajadores, marca el final de una etapa de transición originada por las recientes reformas laborales.
El Día de la Familia fue establecido por la Ley 1857 de 2017, con el objetivo de fomentar el equilibrio entre la vida laboral y familiar. Los empleados podían optar por dos días libres anuales para dedicarlos a actividades recreativas, culturales, de descanso o para compartir con sus familias. Sin embargo, la Ley 2101 de 2021 introdujo una reducción gradual de la jornada laboral semanal de 48 a 42 horas y vinculó la vigencia del Día de la Familia a este proceso.
Precisamente, la fecha clave será el 15 o 16 de julio de 2026. Es en ese momento cuando la jornada laboral de 42 horas entra en plena vigencia para todos los empleadores, eliminando la obligación legal del Día de la Familia. Los empleados podrán solicitar este día por última vez durante el primer semestre de 2026, hasta el 30 de junio. Aquellas empresas que implementen la nueva jornada de 42 horas de manera anticipada quedarán exentas de conceder el Día de la Familia.
A pesar de la eliminación de este beneficio, surgen nuevas alternativas acordes a las realidades sociales actuales. Un ejemplo es el día libre por movilidad sostenible, otorgado a quienes demuestren el uso habitual de la bicicleta como medio de transporte para ir al trabajo. Los empleados deben presentar una certificación de uso frecuente y realizar una solicitud escrita sin afectar el funcionamiento de la empresa.
Paralelamente, la Ley Emiliani garantiza la continuidad de los 18 días festivos oficiales de 2026, que traslada los feriados a los lunes para crear “puentes laborales”. Estos descansos no están relacionados con el Día de la Familia o la movilidad sostenible, pero garantizan un respiro en la rutina laboral.
La reforma laboral, aprobada por el Congreso, tiene la finalidad de equilibrar la competitividad empresarial con la calidad de vida. Esta transformación refleja la evolución hacia un mercado laboral más flexible, sostenible y acorde a las necesidades de los trabajadores del siglo XXI.
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