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El gobierno del presidente Gustavo Petro expidió un paquete de cinco decretos —0173, 0174, 0175, 0176 y 0177 de 2026— para atender la emergencia económica, social y ecológica derivada de las inundaciones y fenómenos climáticos extremos que afectan a Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.
Las medidas combinan instrumentos tributarios, agrarios, financieros, sociales y presupuestales con el objetivo de financiar la atención inmediata, apoyar la reactivación productiva y facilitar la ejecución de recursos en las zonas impactadas.
Nuevos impuestos en Colombia por emergencia decretada por Gustavo Petro
El Decreto 0173 de 2026 establece un impuesto extraordinario al patrimonio para personas jurídicas que posean al 1 de marzo de 2026 un patrimonio líquido igual o superior a 200.000 UVT ($10.454 millones).
La tarifa general fijada es de 0,5 % para 2026. Sin embargo, se estableció una tarifa diferencial del 1,6 % para entidades financieras y empresas del sector extractivo (carbón y petróleo).
(Vea también: Porvenir, Protección y más fondos responden a decreto de Petro por ahorro de pensiones: “15 días”)
El pago se realizará en dos cuotas, en abril y mayo, y los recursos tendrán destinación específica para atender los gastos derivados de la emergencia.
El Gobierno señala que el impacto fiscal preliminar de la emergencia asciende a aproximadamente $8,3 billones y que los recursos disponibles en el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo resultan insuficientes frente a la magnitud de las afectaciones.
Reubicación y gestión de tierras
El Decreto 0174 introduce medidas extraordinarias para la reubicación, temporal o definitiva, de unidades productivas agropecuarias ubicadas en zonas afectadas.
Asimismo, habilita que personas con procesos de restitución de tierras en curso puedan optar voluntariamente por compensación en lugar del retorno al predio. Los terrenos objeto de compensación ingresarán al Fondo administrado por la Unidad de Restitución.
El decreto también agiliza procedimientos de clarificación, deslinde y recuperación de baldíos en los departamentos cobijados por la emergencia, donde se adelantan procesos sobre más de 337.000 hectáreas.
Medidas para el sector agropecuario
El Decreto 0175 adopta instrumentos de financiamiento y alivio financiero para productores afectados por las inundaciones y advierte sobre el impacto en los precios de alimentos básicos, como los incrementos registrados en el tomate (+19,63 %) y la papa (+10,39 %), según el informe “Comportamiento del IPC de alimentos y bebidas no alcohólicas” (2026) de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA).
Frente a este escenario, la norma habilita instrumentos especiales de crédito, refinanciación y alivio de pasivos para productores rurales afectados, con el fin de evitar la descapitalización del campo y facilitar la reactivación productiva. Las medidas buscan restablecer el flujo financiero de campesinos, ganaderos y pescadores cuya actividad quedó interrumpida por la emergencia.
Educación y PAE
El Decreto 0176 de 2026 garantiza la continuidad del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante la emergencia, incluso cuando no haya clases presenciales. La norma permite que los niños, niñas, jóvenes y adolescentes (NNJA) matriculados en el sistema oficial e inscritos en el Simat sigan recibiendo el beneficio, aunque se suspenda el calendario académico o se implementen jornadas académicas en casa.
La medida aplica hasta que se normalicen las condiciones de prestación del servicio educativo. Con esta disposición, el Gobierno busca evitar interrupciones en la entrega de alimentación escolar en zonas afectadas por las inundaciones y garantizar la seguridad alimentaria de la población estudiantil durante la emergencia.
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