La batalla jurídica por las desproporcionadas tarifas de energía eléctrica que asfixian la economía de la región Caribe llegó a un punto de quiebre definitivo. El Consejo de Estado respaldó en firme una sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico, dejando sin piso los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio de Minas y Energía, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y la empresa Air-e. Con esta histórica decisión, las entidades gubernamentales quedan obligadas a reestructurar de forma inmediata las fórmulas de cobro para aliviar la facturación de millones de usuarios en el norte de Colombia, según informó Blu Radio.
El fallo, emitido bajo la ponencia de la magistrada Nubia Margoth Peña, tiene su origen en una acción popular interpuesta por las personerías distritales y municipales de Barranquilla, Santa Marta y Riohacha. En dicha demanda, las agencias del Ministerio Público demostraron cómo las operadoras Air-e y Afinia utilizaron el amparo del denominado “régimen tarifario especial” para cobrarle a los usuarios del común los platos rotos de un sistema de redes obsoleto y desfinanciado, de acuerdo con la emisora.
Durante el proceso, tanto las entidades estatales de regulación como las empresas comercializadoras alegaron que tumbar las actuales variables de indexación pondría en “riesgo inminente la sostenibilidad financiera de la prestación del servicio”. No obstante, el Consejo de Estado desestimó este argumento, aclarando que la viabilidad del negocio no puede cimentarse sobre la vulneración patrimonial de los suscriptores, según la cadena radial.
| Lo que pretendían las Empresas y la CREG | Lo que dictaminó el Consejo de Estado |
| Trasladar a los usuarios puntuales las pérdidas no técnicas (robos de energía y fraudes). | Detener el cobro de ineficiencias y obligar al despliegue de tecnología antifraude. |
| Justificar tarifas altas por el estado de deterioro estructural de la infraestructura de la Costa. | Dictaminar que el deterioro es responsabilidad de la falta de inversión de las operadoras. |
| Mantener un régimen tarifario asimétrico y aislado frente al resto del territorio colombiano. | Forzar una variación de tarifas que sea proporcional y justa respecto al promedio nacional. |
La providencia judicial es contundente y traza una ruta técnica obligatoria que modifica el esquema de comercialización y distribución en la Costa:
- Auditoría de pérdidas reales: activar de manera urgente un protocolo de verificación técnica que compruebe si las pérdidas reportadas por Air-e en sus balances financieros corresponden a la realidad física de las redes, acatando las directrices de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y la Superintendencia de Servicios Públicos.
- Modernización tecnológica: obligar a las empresas a ejecutar los planes de inversión prometidos, modernizando la infraestructura de medición y blindando las redes eléctricas para prevenir la manipulación de contadores, en lugar de cobrar las pérdidas por la vía fácil de la factura.
- Equidad tarifaria: ajustar los componentes de la fórmula de la CREG para garantizar que el costo del kilovatio hora en los departamentos del Caribe se equipare de manera proporcional al promedio que paga un ciudadano en el interior del país.
“El fallo es tajante al advertir que las compañías operadoras le han trasladado de manera sistemática a la ciudadanía los costos derivados del deterioro de las redes, la falta de inversión en alta tecnología y la ausencia de controles operativos frente a las pérdidas no técnicas de energía eléctrica.”
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