Recientemente, en Colombia se conoció dos noticias que han tenido un impacto negativo en miles de trabajadores, pues dos empresas poderosas tendrán un triste final en el país, después de enfrentar algunos inconvenientes en temas económicos, que terminarán con la liquidación de estas compañías y dejando a la deriva a muchos empleados.
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En primer lugar, la Superintendencia de Sociedades decidió iniciar el proceso de liquidación judicial de Morelco-Cumbra, empresa subsidiaria de la multinacional Aenza. Esta medida se origina tras el incumplimiento de un importante contrato con Ecopetrol firmado en 2022 y por las millonarias deudas que la firma sostiene con numerosos proveedores, según lo informó el diario El Tiempo.
Una de las razones es la difícil situación financiera que atraviesa la compañía en Colombia. Según reportes, cerca de 38 proveedores han manifestado públicamente que Morelco-Cumbra les debe sumas significativas. Esta empresa, que pertenece a la corporación peruana Aenza —reconocida internacionalmente por obras como la Línea 1 del metro de Lima y proyectos en hidrocarburos y gas— enfrenta una crisis financiera considerable en el país, de acuerdo con el rotativo.
Para finales de 2024, la información financiera disponible indicaba que Morelco-Cumbra presentaba pérdidas por encima de los 191.000 millones de pesos. Además, las obligaciones pendientes con los proveedores ascendían a más de 224.000 millones de pesos.
Sin embargo, cifras más recientes obtenidas por el impreso muestran que, al 30 de abril de 2025, el monto adeudado a sus proveedores era de poco más de 122.000 millones de pesos. Por su parte, Ecopetrol aclaró que durante el cierre del contrato se verificó el cumplimiento de todas las obligaciones laborales con los trabajadores involucrados, pero que las deudas comerciales con terceros son completas responsabilidad de la empresa contratista, en este caso Morelco-Cumbra.
La decisión de la Superintendencia responde, entre otras razones, a que Morelco-Cumbra entró en cesación de pagos, pues el valor de las obligaciones vencidas superaba el 10 % de su pasivo total al finalizar 2024. De acuerdo con los registros, los activos de la compañía sumaban unos 230.636 millones de pesos, mientras que sus pasivos se acercaban a los 321.473 millones, lo que evidencia la gravedad de su situación financiera, según el rotativo.
El contrato que causó el conflicto tenía como objetivo el suministro de equipos y materiales, así como la construcción y puesta en marcha del Centro de Procesamiento de Fluidos (CPF) Orotoy, en Acacías, Meta. Dicho contrato superaba los 320.000 millones de pesos en valor. Ante el incumplimiento, Ecopetrol enfatizó que cualquier reclamo por deudas a proveedores y subcontratistas debe resolverse directamente ante la Superintendencia de Sociedades, ya que la relación contractual era solo con la firma peruana y no con terceros, de acuerdo con los reportes del citado medio.
Desde Morelco-Cumbra, la empresa expuso en documentos oficiales que los problemas financieros se agravaron por seis suspensiones en la obra, a raíz de protestas lideradas por la Unión Sindical Obrera (USO), quienes en su criterio exigían bonificaciones adicionales. Según la compañía, esto incrementó los costos y produjo atrasos, contribuyendo a la actual situación.
No obstante, Ecopetrol respondió afirmando que cumplió todos los compromisos contractuales y desestimó haber recibido justificaciones válidas para modificar los valores del contrato. Además, rechazó cualquier argumento de fuerza mayor que no estuviera debidamente sustentado.
Por otra parte, la firma colombiana Credivalores, especializada en servicios financieros, anunció formalmente que entrará en proceso de liquidación luego de varios años enfrentando dificultades económicas. Esta decisión representa el desenlace de una etapa iniciada en 2024, cuando la compañía tried reorganizar pasivos que superaban los 1,5 billones de pesos colombianos.
De acuerdo con información suministrada por Redd Intelligence, difundida por El Colombiano, los acreedores y una posible administración designada para la liquidación estarían considerando emprender acciones legales para recuperar los activos de Credivalores. Según reportes, la empresa dejó de otorgar nuevos créditos cerca de dos años atrás, al perder acceso a fuentes de financiación y, desde entonces, ha sostenido su operación utilizando recursos propios.
En agosto de 2024, la situación se agravó tras el incumplimiento en el pago de bonos por un monto cercano a los 95.940 millones de pesos. Ante este incumplimiento, el Fondo Nacional de Garantías (FNG) asumió el compromiso de cubrir el 70 % de la suma original (alrededor de 67.158 millones de pesos), dejando el 30 % restante sin respaldo, según el citado medio.
Debido a esta garantía, el Estado colombiano pasó a tener un rol relevante, adquiriendo acreencias que posteriormente serían gestionadas por la Central de Inversiones S.A. (CISA).
La liquidación de Credivalores ha producido inquietud entre los inversionistas, quienes ahora centran su atención en los mecanismos de recuperación de los fondos invertidos en la entidad. Una de las alternativas legales que se estarían evaluando es la posibilidad de actuar contra los principales accionistas de la compañía, entre quienes se destacan grupos inversionistas extranjeros que operan desde Estados Unidos y Canadá, tales como GDA Luma, Gramercy y Acon.
A estos inversionistas se suma Crediholding, vinculado con el fundador de Credivalores, David Seinjet. Documentos asociados al proceso legal indican que estos actores controlan el 100 % de las acciones de Finanza Inversiones, empresa relacionada directamente con Credivalores.
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