
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) detalló que ha intensificado la vigilancia sobre las empresas de comunicaciones y postales, imponiendo sanciones por un total de 104.570 millones de pesos, lo que representa un aumento del 30,6 % respecto al cuatrienio anterior.
Desde agosto de 2022, se han impuesto en promedio 99 sanciones anuales por conductas que afectan directamente a los consumidores, como cobros indebidos, publicidad engañosa, cláusulas injustificadas y deficiencias en la calidad del servicio.
Entre las compañías más multadas se destacan Claro, Tigo, Movistar, Wom y DirecTV, con casos relacionados principalmente con la restricción al derecho de portabilidad numérica y estrategias comerciales que vulneraban los derechos de los usuarios.
La SIC ha complementado estas acciones con 85 jornadas de sensibilización ciudadana y un incremento en las quejas recibidas, que pasaron de 99.220 en el periodo anterior a 128.321 en la actual administración.




Además, el programa de autocomposición permitió resolver de forma favorable el 87,9 % de los casos denunciados en 2025, demostrando una mayor colaboración de los operadores.
De igual forma, la entidad ha desarrollado visitas de acompañamiento a operadores comunitarios para capacitarlos en el régimen de protección al usuario, reforzando así la defensa de los derechos en el sector.
Por qué la SIC multa a empresas de comunicaciones en Colombia
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) multa a las empresas de comunicaciones en Colombia porque su función principal es proteger los derechos de los usuarios frente a prácticas abusivas o incumplimientos en la prestación de los servicios.
Muchas compañías del sector, como Claro, Tigo, Movistar o Wom, han sido sancionadas por realizar cobros indebidos, ofrecer información o publicidad engañosa, imponer cláusulas de permanencia injustificadas, presentar fallas en la facturación o afectar la calidad y continuidad del servicio.
Estas conductas generan perjuicios económicos y limitan el acceso equitativo a las telecomunicaciones, un derecho fundamental en la sociedad digital.
Además, la SIC sanciona cuando las empresas obstaculizan la portabilidad numérica, es decir, el derecho de los usuarios a cambiar de operador conservando su número telefónico.
Casos como el de Claro, que impuso restricciones a este proceso, o Movistar, que creó causales de mora ficticias, evidencian prácticas que buscan retener clientes de forma irregular.
Las multas también buscan incentivar la autorregulación y promover un mercado más transparente y competitivo. En este sentido, la SIC no solo castiga, sino que acompaña a las empresas con programas de capacitación y autocomposición para mejorar su gestión y garantizar una mejor protección al consumidor.
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