En medio de los movimientos de la justicia en Colombia, una determinación abrió una nueva realidad para unos reconocidos fanáticos de Atlético Nacional, específicamente, de una de las barras más nombradas del equipo.
Los voceros principales de la agrupación Los del Sur consiguieron autorización judicial para retornar al estadio Atanasio Girardot tras tres años de sanción.
La decisión administrativa fue emitida por la jueza 38 penal municipal con función de control de garantías de la ciudad de Medellín.
Los antecedentes se remontan a abril de 2023, en la víspera de un encuentro entre Atlético Nacional y América de Cali.
Durante aquella jornada, miembros del colectivo provocaron desmanes que dejaron un saldo negativo de 89 ciudadanos heridos, incluyendo varios uniformados atacados.
Paralelamente, las instalaciones del escenario deportivo registraron severos destrozos materiales evaluados formalmente en 672 millones de pesos colombianos.
Ante la gravedad del escenario, la Fiscalía General de la Nación formuló imputación de cargos por incitación para delinquir a cuatro dirigentes.
Un operador judicial determinó imponerles medidas cautelares no privativas de la libertad, restringiendo explícitamente su ingreso al recinto deportivo antioqueño.
Los procesados en esta causa judicial son Andrés Felipe Muñoz Lara, conocido como Pipe Muñoz, quien registra condena por aborto sin consentimiento.
En el expediente figuran también Andrés Felipe Ospina Calle, apodado ‘Pipe Bandido’, el docente universitario Raúl Eduardo Martínez Hoyos y Ramiro Andrés Gutiérrez Patiño, conocido como ‘El Pollo’.
En la etapa inicial del proceso, los imputados rechazaron la responsabilidad frente a los señalamientos presentados por los fiscales delegados.
Entre las evidencias presentadas destacaban denuncias por amenazas radicadas por Benjamín Romero y Mauricio Navarro, antiguos directivos del club verdolaga.
Aquel conflicto dirigencial surgió luego de suspender la entrega gratuita de 400 entradas que Nacional otorgaba habitualmente a la barra.
“Si nos toca meternos a la hijue…, nos metemos a la hijue…, armamos un mier… allá. Si nos toca cogernos con los tombos, nos metemos, pero esas gono… no se alcanzan a imaginar con quiénes se metieron. Eso fue lo que hablaron. Tenemos autorización de todo, hasta de cascar a ese viejo piro. El domingo va a estar caliente, vamos a estar a lo barra brava de hace muchos años”, se escuchó en audios revelados en la audiencia.
Buscando una alternativa jurídica favorable, los cuatro implicados suscribieron un principio de oportunidad amparado en el modelo de justicia restaurativa.
Dicha figura legal recibió la aprobación formal de la jueza 38 penal municipal durante la audiencia realizada el lunes 28 de septiembre.
“Se logró obtener un acuerdo (…) entonces el despacho que esos compromisos adquiridos por los beneficiarios implican la realización de campañas restaurativas, actividades pedagógicas, construcción y difusión de mensajes en redes sociales, interacción con representantes institucionales, círculos restaurativos de responsabilización y generación de propuestas de fortalecimiento de los canales de diálogo entre el club y la barra”, dijo la jueza en audiencia adelantada el lunes 28 de septiembre.
El aval legal autoriza levantar de inmediato la prohibición de acceso, permitiendo que los líderes pisen nuevamente las tribunas del escenario.
“Bajo ese nuevo escenario que nos convoca, varias de las restricciones que fueron impuestas pierden esa funcionalidad que justificó originalmente su imposición e incluso entran en tensión con el cumplimiento de los compromisos restaurativos”, detalló la juez.
El pacto asumido exige ejecutar un acto público de excusas, sumado a una inversión económica superior a los 100 millones de pesos.
Un segmento del compromiso se ejecutó proyectando en las pantallas del estadio mensajes donde los barristas ofrecían disculpas públicas por los desmanes.
El despacho judicial mantendrá supervisión estricta durante un ciclo de diez meses para verificar el cumplimiento integral de los puntos acordados.
Superar favorablemente este periodo de prueba garantizará la terminación definitiva de la acción penal adelantada contra los cuatro líderes barriales.
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