El vicepresidente del Concejo de Bogotá, Juan David Quintero, anunció este martes una demanda contra la Gobernación de Cundinamarca por aplicar descuentos “ilegales” en matrículas e impuestos vehiculares, una medida que, según él, está causando pérdidas millonarias a la capital al incentivar que los conductores registren sus autos en municipios aledaños.
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En un video publicado en redes sociales, Quintero respaldó los recientes anuncios del alcalde Carlos Fernando Galán, quien impondrá pico y placa los sábados a estos vehículos no matriculados y duplicará el costo del pico y placa solidario para ellos.
En el clip de poco más de un minuto, Quintero arremete contra el gobernador Jorge Emilio Rey: “Cundinamarca, ante los ojos cómplices del gobernador Jorge Rey, tiene un plan ilegal y cuestionable para quedarse con impuestos que deberían pagarse en Bogotá por vehículos. Primero, tarifas más baratas de registro de matrícula capturan a contribuyentes y después, aplicando descuentos del 50 % y 20 %, retienen para Cundinamarca y no en Bogotá, pese a que los carros ruedan en Bogotá”.
El concejal, visiblemente indignado, enfatiza la ilegalidad de la iniciativa: “Esto es ilegal porque ni la ley les dio competencia para dar esos descuentos, sino que también el Consejo de Estado los declaró ilegales. Por eso los vamos a demandar”.
Quintero, del partido Centro Democrático, cierra con un llamado a la unidad: “Respaldamos al alcalde Galán en esta medida. Vamos a demandar estos descuentos ilegales, pero además hacemos un llamado para que los municipios puedan compartir en franca lid con Bogotá”.
La declaración de Quintero se enmarca en una escalada de tensiones entre la capital y su área metropolitana por la evasión de impuestos vehiculares. Según datos de la Secretaría de Movilidad, en los últimos años Bogotá ha perdido hasta 200.000 millones de pesos anuales por vehículos que circulan diariamente en la ciudad, pero se matriculan en municipios como Chía, Soacha o Mosquera, donde las tarifas son hasta un 40 % más bajas gracias a descuentos promovidos por la Gobernación. Esta “guerra fiscal”, como la han calificado analistas, se agudizó la semana pasada cuando Galán anunció medidas drásticas para “equilibrar la carga” y recuperar ingresos.
A partir del primer semestre de 2026, los vehículos no matriculados en Bogotá enfrentarán pico y placa dos sábados al mes, de 6:00 a.m. a 9:00 p.m., según el último dígito de la placa, similar al esquema laboral.
Además, el costo del pico y placa solidario para estos autos se duplicará, pasando de 25.000 a 50.000 pesos por día de circulación. Excepciones aplican para vehículos eléctricos, híbridos y de cero emisiones, así como para transporte especial y discapacitados.
El anuncio de Galán ha causado reacciones mixtas. Mientras Quintero lo aplaude como una “defensa legítima de los bogotanos”, usuarios en redes sociales lo tildan de “extorsión” y “robo institucionalizado”.
Un comentario en el hilo del video acumula decenas de ‘likes’: “Ilegal es lo que quiere hacer Bogotá, que para entrar a la capital, tener que tener inscrito el carro en Bogotá. La gente tiene el derecho de escoger en donde quiere pagar su impuesto… lo demás se llama extorsión”. Otro usuario ironiza: “No sabe cómo más sacarle plata a la gente. Solo recaudan y no solucionan nada”.
La controversia no se hizo esperar: apenas horas después del anuncio de Galán, se filtró que un grupo de concejales y asociaciones de transportadores de Cundinamarca preparan una tutela contra la medida, argumentando que viola la autonomía territorial y el principio de libre circulación. “Bogotá no puede obligar a los conductores a matricularse aquí a punta de pico y placa; es con mejor malla vial y movilidad, no amenazando”, escribió un abogado en respuesta al video de Quintero.
Por su parte, la Alcaldía defiende la iniciativa como un paso hacia la “justicia tributaria”: “Los vehículos que usan las vías de Bogotá deben contribuir a su mantenimiento”, dice un comunicado oficial. Mientras tanto, el Concejo de Bogotá analiza un proyecto de acuerdo para ofrecer descuentos locales en impuestos vehiculares, en un intento por competir con Cundinamarca sin recurrir a litigios.
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La demanda anunciada por Quintero podría resolverse en el Consejo de Estado, donde ya hay fallos previos que cuestionan competencias similares. Analistas estiman que, de prosperar, podría obligar a la Gobernación a revertir los incentivos y redistribuir recursos a la capital.
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