Luego del encontrón que tuvieron la jueza del caso y el expresidente Álvaro Uribe Vélez durante la lectura de la sentencia, se dio paso al fallo condenatorio en el que Sandra Heredia dictaminó 12 años de casa por cárcel para el exmandatario por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
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La diligencia, que es de carácter público, permitió ver la reacción del también exsenador, quien si bien tomó con calma la condena, se mostró inquieto durante la lectura de la misma.
Por momentos, Uribe miró hacia varios lados, se paró del asiento e hizo aparentes anotaciones, así como movimientos hacia adelante y hacia atrás, lo que denota cierto tipo de ansiedad por el momento.
En un video publicado en redes sociales quedaron expuestos los gestos del expresidente de la República:
🔴Juicio Álvaro Uribe: el expresidente fue condenado por 12 años de prisión domiciliaria inmediata⏩ https://t.co/fAye4pgZSy pic.twitter.com/u4tZxUNVl5
— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 1, 2025
Álvaro Uribe Vélez, condenado a 12 años
Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, fue condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
La jueza Sandra Liliana Heredia dictó la sentencia, que supera los 9 años solicitados por la Fiscalía, y ordenó su confinamiento inmediato en su finca en Llanogrande, Rionegro, bajo supervisión de las autoridades.
Aunque la defensa apelará, la jueza consideró que Uribe debe iniciar el cumplimiento de la pena de manera inmediata, argumentando la necesidad de preservar la confianza en la justicia y evitar un mensaje de impunidad, dada su alta notoriedad pública.
Además de la pena privativa de la libertad, Uribe fue multado con el equivalente a 2.420 salarios mínimos y se le impuso una inhabilidad de más de 8 años para ejercer funciones públicas.
Heredia justificó la detención domiciliaria por el cumplimiento de los requisitos legales por parte del condenado.
Esta condena marca un hito en la historia judicial colombiana al ser la primera en contra de un expresidente por delitos comunes.
La decisión ha generado controversia, pues normalmente se permite que los condenados en primera instancia permanezcan en libertad mientras se resuelven las apelaciones, especialmente si no hay riesgo de fuga o reincidencia.
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