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Este artículo fue curado por Gustavo Arbelaez   Jul 21, 2026 - 2:31 pm
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Tras la instalación de la nueva legislatura del Congreso y en medio de lo que será el inicio del gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella, el Gobierno del presidente Gustavo Petro radicó un nuevo proyecto de ley con el que busca impulsar una reforma estructural al sistema de educación superior en Colombia.

La iniciativa, presentada por el ministro de Educación, Daniel Rojas, fue socializada con la bancada del Pacto Histórico y plantea una reforma a la Ley 30 de 1992, norma que regula la educación superior en el país. El proyecto llega después de la aprobación de las modificaciones a los artículos 86 y 87 de esa misma ley, relacionadas con el financiamiento de las universidades públicas.

Según explicó la cartera de Educación, la propuesta pretende consolidar un nuevo enfoque para la educación superior, al reconocerla “como un derecho fundamental y un bien común que debe garantizar el acceso, la permanencia y la graduación de las y los estudiantes”.

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El Ministerio sostuvo que la reforma busca ir más allá de la ampliación de la cobertura en las instituciones públicas. En ese sentido, indicó que el Estado también debe eliminar las barreras económicas, sociales, territoriales y culturales que dificultan el ingreso y la continuidad de miles de estudiantes en el sistema de educación superior.

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Entre los principales cambios planteados en el proyecto de ley, el Ministerio de Educación destaca el fortalecimiento del acceso a la educación superior bajo un enfoque de reconocimiento de la diversidad y la pluralidad de los territorios y las comunidades.

La iniciativa también propone incrementar del 2 % al 5 % los recursos destinados al bienestar universitario en las instituciones públicas, con el propósito de mejorar las condiciones académicas, sociales y de permanencia de los estudiantes.

Otro de los ejes de la reforma consiste en establecer mayores garantías para que los estudiantes permanezcan y culminen sus programas de formación, reduciendo la dependencia del endeudamiento como mecanismo para financiar los estudios superiores. De acuerdo con el Gobierno, el objetivo es que el acceso a la universidad no esté condicionado por la capacidad de adquirir créditos educativos, sino que responda al reconocimiento efectivo de la educación como un derecho.

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Para el Ministerio, esta modernización permitirá fortalecer la educación superior como un derecho y un bien común, además de consolidar un modelo con mayor cobertura, equidad y pertinencia.

Adicionalmente, la iniciativa propone fortalecer la investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación como pilares del desarrollo académico y productivo del país. De igual forma, plantea ampliar la participación de las comunidades académicas en la formulación de políticas y en la toma de decisiones relacionadas con el sistema de educación superior.

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