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El más reciente encuentro entre las entidades promotoras de salud (EPS) y el Ministerio de Salud de Colombia evidenció una vez más la tensión y la fragmentación en el diálogo entre los principales actores del sistema de salud. Esta semana, la cartera de Salud convocó a las diferentes organizaciones del sector a una sesión de la Mesa de Trabajo destinada a discutir la unidad de pago por capitación (UPC), es decir, el monto que el Estado proporciona anualmente a las EPS para financiar la atención en salud de sus afiliados. Sin embargo, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), gremio de las EPS del régimen contributivo, y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) brillaron por su ausencia, argumentando que nunca recibieron invitación para el encuentro.
Por su parte, el Ministerio de Salud desmintió esa versión y, a través de un comunicado de prensa, sostuvo que sí se enviaron las convocatorias correspondientes vía correo electrónico y correo certificado 4-72. En respaldo de esta afirmación, presentaron copias de las cartas dirigidas a los delegados de ambas agremiaciones, detallando fecha, hora, lugar y modalidad (presencial y virtual) de la reunión. La disputa escaló con la presidenta de Acemi, Ana María Vesga, quien cuestionó si eran “vetadas” por parte del Gobierno debido a sus críticas técnicas sobre el presunto desfinanciamiento del sistema de salud.
Pese a la contundencia de sus argumentos, la sesión no pudo avanzar. Según reportó el ministerio, tras una hora y media de espera para la conformación del quórum necesario (69 asistentes), se verificó en varias oportunidades la asistencia pero se concluyó que no se había alcanzado la cifra mínima, por lo que la sesión fue levantada sin discusión. Cabe resaltar que algunos de los participantes alegaron la presencia de 70 asistentes y solicitaron verificar nuevamente el conteo, lo que incrementó la polémica.
En un tono firme, el Ministerio de Salud instó en su comunicado a que las organizaciones sectoriales asuman una participación responsable en las convocatorias, ya que, según el ministerio, la ausencia de algunos actores impide el avance del debate técnico y dificulta la toma de decisiones sobre temas cruciales como la UPC. Calificaron como “inaceptable” la afirmación de que no hubo invitación, considerando que existen pruebas documentales del llamado oficial.
Sin embargo, Ana María Vesga replicó que el Ministerio de Salud adolece de desorden administrativo y señaló que la invitación se “perdió” entre tantas irregularidades. Reprochó la falta de escucha y transparencia por parte del Gobierno durante más de tres años y medio, denunciando que la institución ha eludido el diálogo técnico y las órdenes judiciales sobre la UPC, tema que considera esencial para asegurar la calidad del servicio de salud en Colombia.
Este escenario de desencuentros se produce en un contexto especialmente crítico, ya que el Ministerio de Salud tiene plazo hasta el 31 de diciembre para expedir la resolución que definirá el aumento de la unidad de pago por capitación de cara al próximo año. Entretanto, el espacio de diálogo se retomará el martes 30 de diciembre, dejando en vilo la construcción de consensos entre las partes.
¿Qué es la unidad de pago por capitación (UPC) y por qué es esencial en el sistema de salud colombiano? La UPC es el monto anual que el Estado asigna a las EPS por cada afiliado para cubrir los servicios de salud necesarios. Su cálculo y ajuste son fundamentales, pues definen la sostenibilidad financiera de las aseguradoras y el tipo de atención que pueden ofrecer. La manera en que se establece y se discute la UPC tiene un impacto directo en la calidad y acceso al sistema de salud, y cualquier controversia en torno a este proceso afecta tanto a los prestadores como a los usuarios.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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