Muchos de los hechos que tienen que ver con la construcción de la paz en Colombia, sustentados por los valores de la democracia, no dejan de resultar chocantes para amplios sectores. Fue difícil entender, por ejemplo, que Jorge Rodrigo Tovar Vélez, hijo del sanguinario exjefe paramilitar ‘Jorge 40’, obtuviera una de las 16 curules de paz en el Congreso destinadas para las víctimas del conflicto armado. En el país no hay delitos de sangre y el hijo no tiene responsabilidad en los crímenes del padre. Pero eso molestó a buena parte de los colombianos, como ha incomodado el nombramiento de la senadora Sandra Ramírez, exguerrillera de las Farc y viuda del también temible jefe de esa guerrilla, ‘Tirofijo’, como vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.
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Ambos casos no guardan ninguna relación, salvo que tienen origen en el Acuerdo de Paz y por la sensación de contrasentido que despiertan. Sin pretender hacer un paralelismo, Tovar Vélez no necesariamente tuvo que saber ni participar en las andanzas de su padre, pero aun así su elección en representación de las víctimas provocó mucha resistencia. En el caso de Ramírez, quienes se oponen a su nombramiento le tachan —además de su militancia en la guerrilla y su relación con el pavoroso comandante— el hecho de que es señalada por varias víctimas como responsable de graves delitos, especialmente contra niños y niñas reclutados a la fuerza en las filas insurgentes.
A comienzos de marzo, los integrantes del último Secretariado de las Farc (órgano de dirección), del cual no hizo parte la senadora Ramírez, reconocieron su responsabilidad en el reclutamiento y la utilización de menores de edad durante el conflicto armado. Según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) los exjefes que admitieron este crimen son Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’, último jefe de esa guerrilla; Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Parra y Julián Gallo. El alto tribunal documentó que entre 1971 y 2016 las Farc reclutaron a 18.677 menores.
Sandra Ramírez niega acusaciones en su contra
Pero a Ramírez, varios de esos niños y niñas que hoy son adultos y que integran grupos o asociaciones como la Corporación Rosa Blanca la señalan de haber tenido responsabilidad en las vulneraciones que sufrieron cuando hicieron parte de las Farc, como reclutamiento forzado, violencia basada en género, violencia sexual, esterilización y abortos forzados, entre otros. Ramírez enfrenta acusaciones en la JEP precisamente por presuntas violaciones a los derechos humanos y delitos como violencia sexual. Hasta ahora, la justicia no la ha hallado responsable de ninguna de esas acusaciones, y aunque debe prevalecer la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, la opacidad que reina mientras la justicia investiga y decide siembra dudas en la sociedad.
La senadora se defiende de esos señalamientos. “A Colombia, a todo el mundo, le diré que nunca, nunca, he cometido los delitos de los que me acusan”, le dijo Ramírez a La FM, este viernes, después de conocerse su designación. Luego redondeó con una curiosa explicación con la que quiso desestimar las responsabilidades individuales. “Una cosa es la estructura de la que fuimos parte, de la organización, y otra cosa es cuando se acusa personalmente, se hace una acusación personalizada a una persona. Son cosas totalmente diferentes”.
También aseguró que “si se llevan las versiones [denuncias contra ella] a la JEP y la JEP me requiere, yo con muchísimo gusto voy porque es el tribunal que se pactó en el Acuerdo para cerrar el conflicto y para la verdad, la reparación y sobre todo para las garantías de no repetición. Las mujeres en proceso de reincorporación que firmamos el Acuerdo en dos o tres ocasiones le hemos solicitado a la JEP que nos escuche”. Preguntada en la emisora por si estaría dispuesta a pedirles perdón a las víctimas, contestó: “Pero es que lo he hecho multitud de veces. Si tengo que hacerlo un millón de veces, un millón de veces lo haré de pedirles perdón por los hechos dolorosos de todos los intervinientes en el conflicto colombiano”.
“Nunca me he escondido, siempre he puesto la cara, jamás he instrumentalizado con fines políticos a las víctimas, ni me he burlado de ellas, ni las he intentado callar. Las respeto y admiro su resiliencia”, escribió en X, insistiendo con meticulosa reiteración en no dar espacio a que se le señale individualmente. “He pedido perdón mil veces a quienes por consecuencias de todos los intervinientes de la guerra sufrieron hechos dolorosos y lo seguiré haciendo siempre. Aquí estamos para reconocer y para garantizar la no repetición de la guerra”.
Ex-Farc enfrentan el juicio de la historia
Efectivamente, como Ramírez sostiene, su condición de senadora le da “todo el derecho de participar en las elecciones de las mesas directivas [en el Congreso], a elegir y ser elegida”. Así es la democracia y ella llegó a esa instancia por el Acuerdo de Paz, al cual se aferra como náufrago a madero de nave siniestrada. Para incrementar los visos de legitimidad, Ramírez también maximiza su nombramiento como vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. “He sido elegida por unanimidad”, dijo, pero, en realidad, la votación reflejó una división técnica en la célula legislativa. Fueron 5 votos a favor, de seis que estaban presentes, porque otros cuatro congresistas que integran esa Comisión no asistieron a la sesión.
Ante este hecho, hubo expresiones como la del electo representante a la Cámara Daniel Briceño, que fue muy gráfico: “La burla ha sido en todos los sentidos. Esto es como si hubiésemos nombrado a [Luis Alfredo] Garavito [pederasta, asesino en serie de niños y agresor sexual conocido como ‘la Bestia’] director del ICBF. No sean descarados. No vengan a dar lecciones de moral”. Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal dijo: “Ahora vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Otra ofensa para las víctimas de la guerrilla”.
La senadora Ramírez acusa, como es de esperarse, a sus enemigos políticos y a los medios de comunicación de instrumentalizar a las víctimas en su contra. Esto también refuerza la sensación de contrasentido (como la que produce entre muchos su nombramiento), porque las víctimas, en el crisol del dolor propio y el sufrimiento, ya han forjado una opinión sobre sus victimarios. Con independencia de que, por el Acuerdo de Paz, la senadora Ramírez y los ex-Farc sean titulares de unos derechos que se deben respetar y hacer respetar a toda costa, quizá lo que está ocurriendo es que todos ellos están asistiendo a una de esas audiencias en las que los responsables de hechos abominables, por más que pidan perdón, son sometidos al implacable como inexorable juicio de la historia.
Dieciocho mil niños reclutados a la fuerza y vejados, para no hablar de otros crímenes que también se cuentan por miles, como secuestros y homicidios en el marco del conflicto, son un hecho incontestable. Una significativa manifestación de los colombianos para con la senadora Ramírez y los ex-Farc se dio en las pasadas elecciones legislativas del 8 de marzo. Ella era la única exguerrillera que buscaba seguir en el Congreso, y no lo logró. Los electores castigaron a Comunes, el partido que surgió de la extinta guerrilla, y no pudieron salvar su personería jurídica ni mantener escaños en Senado ni Cámara. Quedó probado que estuvieron ocho años en el Congreso por el Acuerdo de Paz, pero no por sus propios méritos. Colombia está dictando su veredicto.
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