El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
El más significativo grupo armado ilegal de Colombia ha dado un paso fundamental en la historia reciente del país, reconociendo públicamente un crimen que marcó a casi dos décadas de conflicto armado: el reclutamiento forzado de menores. Mediante una carta y un video, el último Secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) admitió de forma clara y “sin ambigüedades” que más de 18.677 niños, niñas y adolescentes fueron llevados a la guerra en contra de su voluntad. Este reconocimiento no solo cobra relevancia judicial, sino también para miles de víctimas que durante años aguardaron verdad y reparación.
El pronunciamiento del Secretariado va más allá al hablar de atrocidades adicionales infligidas a menores bajo su control. Entre ellas, se confirmó la práctica sistemática de violencia sexual y reproductiva, sobre todo hacia niñas. Muchas de ellas fueron obligadas a acceder a abortos y padecieron tratos crueles asociados con estos procedimientos. Más doloroso aún, se exponen vivencias en las que bebés recién nacidos fueron asesinados, desaparecidos o entregados a otras familias sin el consentimiento de sus madres. Los testimonios recopilados asoman la dimensión trágica de una política militar que interrumpió infancias y arrancó familias de raíz.
En entrevista con El Espectador, Lily Rueda Guzmán, magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y relatora del macrocaso 07, abordó el alcance de este reconocimiento. Rueda Guzmán fue enfática en que la magnitud y la gravedad de estos hechos impiden cualquier posibilidad de amnistía o perdón judicial para los responsables directos. Explicó que las investigaciones permanecen activas, pero subrayó que, aun si llegan condenas o solicitudes de perdón, “nada devolverá la infancia arrebatada, ni borrará las secuelas de violencias que marcaron una vida entera y que la vincularon de manera obligada a las cicatrices de la guerra que son imborrables”.
Este reconocimiento del Secretariado de las Farc representa una etapa crucial en el proceso de búsqueda de justicia y verdad para quienes vivieron estas violencias. También muestra el papel determinante de la JEP en esclarecer las responsabilidades y sentar precedentes judiciales frente a crímenes que, por su naturaleza, afectan no solo a las víctimas directas sino también al tejido social y a la memoria colectiva de una nación.
Finalmente, la postura de la JEP evidencia la necesidad de que estos actos no sean olvidados ni tratados como errores del pasado, sino como crímenes que exigen tanto justicia ejemplarizante como medidas reparadoras integrales, en la medida de lo posible, para las víctimas y sus comunidades.
¿Qué papel tiene la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en los procesos de reconocimiento y reparación de estos crímenes?
La Jurisdicción Especial para la Paz, conocida como JEP, surge como un mecanismo central en el acuerdo de paz para abordar los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado colombiano. Su función principal es investigar, juzgar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, como el reclutamiento forzado de menores o la violencia sexual, garantizando así el acceso a la verdad y la justicia para las víctimas.
Dentro del macrocaso 07, la JEP no solo recoge confesiones y reconoce responsabilidad por parte de perpetradores, sino que también estructura rutas procesales para asegurar que estos delitos no queden impunes. Además, la JEP vela por que las víctimas sean escuchadas y consideradas en los procesos de reparación simbólica y material, elementos esenciales para evitar la repetición de hechos similares en el futuro y otorgar cierta dignidad a quienes sufrieron la violencia.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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