El creciente descontento entre los transportadores que transitan la autopista Medellín-Bogotá es visible. El grupo de transporte Los Magníficos de la Ruta 60, liderado por Jorge Flórez, ha hecho visible su inconformidad al levantar las talanqueras de los peajes de El Santuario y Puerto Triunfo a finales de febrero, en señal de protesta.
La situación no es nueva, pero su paciencia se agotó ante la mínima mejora de la vía, a pesar de los compromisos adquiridos con el Gobierno en septiembre del año anterior. Flórez declaró en El Colombiano que el estado de la carretera sigue siendo inaceptable, evidenciando la desesperación y el desgaste del gremio.
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Desde su perspectiva, los transportadores han intentado, sin éxito, concertar reuniones con el director nacional de Invías para exponer la problemática y buscar soluciones conjuntas. Sin embargo, hasta ahora la respuesta por parte de la entidad ha sido prácticamente inexistente, lo que ha incrementado la sensación de abandono entre los conductores que dependen de esta autopista para su sustento. La ausencia de canales efectivos de diálogo solo agrava la crisis y alimenta la tensión entre los transportadores y las autoridades responsables de la infraestructura vial.
Mientras tanto, Invías asegura que en el último periodo se han destinado 31.000 millones de pesos para el mantenimiento y la reparación del tramo en cuestión, según El Colombiano. De este presupuesto, más de 15.000 millones habrían sido invertidos específicamente en este corredor vial, con intervenciones como bacheo técnico en 6,27 kilómetros y la señalización de 53 kilómetros.
No obstante, esta versión contrasta con la percepción del día a día que tienen los transportadores, quienes aseguran que las condiciones de la vía no muestran mayores mejorías pese a las millonarias inversiones anunciadas por las autoridades.
El tema de los peajes es otra arista que profundiza el descontento. Los conductores denuncian que las tarifas cobradas en las garitas de El Santuario y Puerto Triunfo son abusivas, llegando a pagar hasta 94.000 pesos por trayecto, una cifra incluso superior a lo que cancelan en regiones con autopistas bien mantenidas, como Copacabana. Esta relación desigual entre lo que pagan y la calidad de la vía genera un profundo sentimiento de injusticia y agrava el malestar entre quienes utilizan la carretera de manera cotidiana.
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A la ya crítica situación se suma el reciente anuncio de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en el que se informó que no se implementará un plan para convertir este tramo en doble calzada. La propuesta de la concesión Ruta del Agua, que pretendía modernizar la vía, fue rechazada en 2024 por no cumplir con las exigencias legales para proyectos de iniciativa privada, dejándola, de momento, fuera de cualquier proceso de transformación relevante según las condiciones de la normatividad actual.
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