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El 10 de abril de 2024, en la vereda Tres y Medio del municipio de Puerto Salgar, Cundinamarca, se registró un delito significativo contra la infraestructura petrolera del país. Según la información suministrada por Cenit, empresa filial de Ecopetrol encargada del transporte de hidrocarburos, ese día se detectó una abrupta disminución en la presión del oleoducto que atraviesa la región. Ante este reporte, las autoridades del Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos acudieron al sitio indicado y sorprendieron a un hombre, identificado como Jimay David Meza Camacho, extrayendo combustible de manera ilegal.
En el procedimiento, se determinó que Meza Camacho utilizó una válvula no autorizada y una manguera de alta presión para sustraer 5 mil galones de gasolina. El operativo incluyó la incautación de un camión, adscrito a una empresa distribuidora de combustibles, lo que provocó que los propietarios solicitaran la devolución del vehículo. Ellos argumentaron que habían sido víctimas de abuso de confianza por parte de su conductor y que desconocían el uso ilícito que se le daba al automotor.
Pese a los alegatos de los dueños del camión, el proceso judicial avanzó rápidamente. Pocos días antes de iniciar la vacancia judicial, un juzgado de Manizales dictó una sentencia de 48 meses de prisión contra Meza Camacho y lo sancionó con una multa equivalente a 650 salarios mínimos legales mensuales vigentes en 2024. Además, el juez le negó la posibilidad de prisión domiciliaria y decretó que tanto el camión como el remolque usados en el delito seguirían incautados debido a la gravedad de los hechos.
El juez fundamentó la decisión señalando que no se pudo demostrar que los propietarios de los vehículos desconocieran el uso ilícito de los mismos, teniendo en cuenta que el conductor había sido contratado directamente por la empresa. La sentencia incluye el envío de copias a Extinción de Dominio, entidad encargada de definir el destino final de los bienes, donde los propietarios podrán defender sus derechos, proceso que ya fue apelado por su representante legal.
De acuerdo con datos entregados por Cenit, la problemática de las instalaciones ilegales para el robo de combustibles es persistente en varias regiones estratégicas de la Troncal Magdalena Medio. Allí, municipios como Cimitarra (Santander) concentran el 30,4% de estas afectaciones, seguido por Barrancabermeja (23%) y Puerto Boyacá (27%) en Boyacá. Puerto Salgar, en Cundinamarca, representa el 8% del total de incidentes registrados en la zona, reflejando el impacto significativo de este tipo de delitos para la seguridad y el suministro energético regional.
Estos datos ponen en evidencia los graves riesgos y consecuencias jurídicas a los que se exponen quienes participan en la cadena del hurto de hidrocarburos, así como la complejidad del proceso para establecer la responsabilidad de propietarios y empleados en este tipo de casos. El caso resaltado se convierte en referencia para comprender los procedimientos y retos que enfrentan tanto la justicia como las empresas en la lucha contra el comercio ilegal de combustibles.
¿Qué sucede con los bienes incautados en casos de hurto de combustibles?
La pregunta sobre el destino de los bienes incautados, como camiones o remolques usados para el robo de combustibles, surge naturalmente luego de conocer la decisión judicial. El proceso de Extinción de Dominio es el mecanismo legal al que son remitidas estas propiedades, permitiendo que los titulares legítimos presenten pruebas para intentar recuperar los bienes, siempre y cuando demuestren su ajenidad frente al delito. La relevancia del tema radica en que estos procedimientos suelen prolongarse y requieren una sólida defensa, pues no basta el simple desconocimiento por parte del propietario para revertir la incautación. Este proceso resulta fundamental para disuadir ilícitos y fortalecer los controles sobre el transporte y comercialización de hidrocarburos en el país.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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