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Una reciente investigación señaló la existencia de una red política que conecta a figuras de Antioquia y La Guajira, exponiendo la adjudicación y ejecución dudosa de contratos millonarios en el departamento de La Guajira. La revelación, realizada por el periodista Yohir Akerman en una columna para la Revista Cambio, sacó a la luz cómo el manejo de fondos públicos para obras de infraestructura ha estado marcado por intereses políticos y electorales.
El caso más destacado gira en torno a un contrato de $36.500 millones destinados a la reconstrucción de una carretera entre Uribia y el corregimiento de Poportín. Según la información citada en la columna, esta obra fue asignada al senador antioqueño Carlos Andrés Trujillo, del Partido Conservador, quien ha cultivado relaciones políticas en La Guajira. María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, entregó detalles a la Fiscalía sobre la utilización de los llamados cupos indicativos, mecanismo con el que se habría adjudicado este contrato.
El objetivo declarado de la carretera era mejorar las condiciones de vida de comunidades indígenas wayuu. Sin embargo, según la investigación de Akerman, la obra se desvió para convertirse en plataforma de “votos, contratos y lealtades” dentro de un entramado político, mientras la ejecución de los trabajos ha quedado en entredicho. Pese a múltiples adiciones presupuestales, que suman otros $5.000 millones, no hay claridad sobre avances reales en el terreno, alimentando dudas sobre la verdadera finalidad del proyecto.
La problemática se extiende a otros proyectos de la región, incluyendo la planta de tratamiento de agua en el corregimiento de Buenos Aires, donde se han reportado deficiencias similares en la ejecución. En ambos casos, se observa la falta de acceso a servicios básicos y cuestionamientos sobre el impacto efectivo de las inversiones públicas.
La investigación revela que los vínculos entre Antioquia y La Guajira se forjaron a lo largo de varias campañas electorales. Intercambios de apoyos y recursos de carácter político han permitido que los actores involucrados refuercen alianzas destinadas a controlar el flujo de fondos públicos y la adjudicación de obras. Entre ellos resalta la figura de Daniel Restrepo Carmona, representante a la Cámara por Antioquia y aliado electoral de Trujillo, a quien también se le relaciona con el proyecto de la carretera.
Empresarios como Álvaro Bustamante y John Jairo Eljadue López también aparecen con contratos sustanciosos en la región. Igualmente, el nombre del alcalde de Uribia, Jaime Buitrago, y del representante a la Cámara por La Guajira, Juan Loreto Gómez Soto —el más votado en ese departamento en las últimas legislativas—, figuran en esta red, junto a Iván Soto, primo de Gómez y exalcalde de Barrancas. La conexión se completa con Bonifacio Henríquez, exalcalde de Uribia y aliado de Trujillo, quien tuvo participación en reuniones sobre contratos de plantas desalinizadoras.
Las conexiones reveladas por fuentes citadas en la investigación manifiestan cómo la mezcla de relaciones familiares, alianzas políticas y empresariales ha impactado la transparencia y la ejecución de proyectos fundamentales para el desarrollo de La Guajira. Así, el trasfondo político y financiero de las obras públicas en el departamento permanece bajo escrutinio.
¿Qué son los “cupos indicativos” y por qué son relevantes en la adjudicación de contratos públicos?
Los llamados “cupos indicativos” constituyen un instrumento utilizado para definir la asignación de recursos dentro del presupuesto nacional, posibilitando que congresistas sugieran o señalen proyectos prioritarios en las regiones que representan. El uso de estos cupos ha resultado polémico, ya que su manejo puede dar pie a la concentración de poder político sobre decisiones presupuestales y a la formación de alianzas clientelistas, afectando la transparencia de la contratación estatal en departamentos como La Guajira.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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