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En un hecho que remeció a la ciudad, el pasado 21 de agosto se registró un atentado con explosivos en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, en Cali. Un camión cargado con artefactos improvisados, conocidos como “tatucos”, estalló, dejando un saldo de seis muertos y más de 60 heridos. En medio del caos, la comunidad impidió que los presuntos responsables escaparan: Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando Aguirre fueron retenidos por ciudadanos, uno de ellos alcanzó a ser golpeado, y posteriormente fueron entregados a la Policía en situación de flagrancia.
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Horas antes, y en coordinación con este ataque, un helicóptero de la Policía fue derribado con drones en Amalfi, Antioquia, causando la muerte de 12 uniformados, lo que deja en evidencia la magnitud y coordinación de los actos terroristas.
Este episodio lamentable se enmarca en una preocupante ola de violencia que ha venido intensificándose durante el año. En junio, se registraron múltiples explosiones en barrios como Meléndez, Manuela Beltrán y El Mango, además de ataques simultáneos en el Valle del Cauca y el Cauca, que dejaron muertos y heridos, y generaron confinamientos y reforzamiento de seguridad.
Este nuevo atentado demuestra que los grupos disidentes de las Farc, especialmente la estructura Jaime Martínez del Estado Mayor Central (EMC), han elevado la confrontación hacia zonas urbanas estratégicas.
En desarrollo de las investigaciones, la Fiscalía General de la Nación presentó ayer ante un juez de control de garantías a Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando Aguirre, señalados de transportar y activar los explosivos tipo “tatucos” frente a la Escuela Militar. La captura se produjo en flagrancia, luego de que la comunidad el barrio La Base impidiera su huida. A uno de los capturados, Walter Esteban Yonda Ipía, alias ‘Sebastián’, la comunidad lo retuvo y agredió antes de que la Policía lo pusiera bajo custodia; en imágenes difundidas se observa una herida visible en su cabeza.
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La Fiscalía imputará a los acusados cargos por terrorismo, homicidio agravado, lesiones personales, ataque a instalaciones militares y porte ilegal de explosivo. El juez avaló la legalización de la captura durante la audiencia.
El presidente Gustavo Petro responsabilizó al EMC y otras estructuras armadas como la ‘Junta del Narcotráfico’ por los atentados, y anunció que serán catalogados como organizaciones terroristas. En respuesta, se desplegó un consejo de seguridad en Cali, se militarizó la ciudad, y se decretaron restricciones al tránsito de camiones pesados; además, se ofrecieron recompensas económicas de entre 400 y 800 millones de pesos para quien brinde información que permita capturar a los responsables.
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