La realidad en el territorio nacional demuestra que siempre hay consecuencias desde las decisiones empresariales hasta las más humanas, algo que quedó en evidencia con una tragedia que salió a la luz en Colombia.
Se trata del doloroso caso de la doctora Catalina Gutiérrez, médica de la Universidad Javeriana cuya muerte fue divulgada el 19 de julio de 2024, lo que llevó a una denuncia de maltrato a los internos y residentes de Medicina en Colombia.
A pesar de que es un problema estructural entre esos profesionales, el silencio se convirtió en un grito de auxilio después de ese doloroso episodio que conmovió a la sociedad colombiana, en medio de la petición de medidas.
Pulzo, autor del especial contra maltrato a residentes médicos en Colombia, se ha mantenido al tanto de los pasos que se han seguido para afrontar una realidad que parece endémica en ese gremio.
Por esa razón, un año después de la tragedia, puso la lupa en qué pasó un año después y encontró la respuesta del Ministerio de Educación con las medidas ajustadas frente a una situación en la que las universidades tienen un alto grado de responsabilidad por el cuidado de los estudiantes.
¿Qué hizo Mineducación luego de muerte de Catalina Gutiérrez?
Ministerio de Educación indicó que visitó las siguientes universidades luego del deceso de la doctora Catalina Gutiérrez, con carácter preventivo generales y específicas superior:
- Pontificia Universidad Javeriana
- Universidad de los Andes
- Universidad del Atlántico
- Universidad del Tolima
- Universidad Tecnológica de Pereira
- Universidad de Antioquia
- Universidad Distrital Francisco José de Caldas
- Universidad Autónoma de Bucaramanga
- Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario
- Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
- Universidad Surcolombiana
- Universidad del Bosque
- Fundación Universitaria Navarra
- Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud
- Universidad EAN
- Politécnico Jaime Isaza Cadavid
Mineducación indicó que estas visitas fueron con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normas para el funcionamiento y prestación continua del servicio público de educación; así como la adopción de estrategias que propendan por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos y el cumplimiento de los objetivos de la educación superior, puntualmente el de profundizar en la formación integral tanto en las que ofertan programas de especialización médico en dichos programas, y en las que no, en su oferta académica en general. Es clave aclarar que son muy minuciosas.
La entidad indicó que hizo un requerimiento masivo del 29 de julio de 2024, dirigido a las 41 instituciones de educación superior que ofertan especializaciones médico-quirúrgicas, mediante el cual se requirió información acerca de los lineamientos internos para la promoción, prevención y atención integral a la salud mental; detalle de quejas relacionadas con salud mental y discapacidad psicosocial; evidencias de capacitación y formación a la comunidad educativa sobre la implementación de ajustes razonables, educación inclusiva y salud mental, entre otros.
En esa misma línea, hubo un oficio masivo del 6 de septiembre de 2024, en el que se exhortó a las 41 instituciones de Educación Superior que ofertan especializaciones médico-quirúrgicas para que las denuncias por presuntas situaciones de acoso o maltrato, así como sus estrategias de prevención y atención de casos de violencias basadas en género, contenidas en sus protocolos y rutas, garanticen la dignidad, la no revictimización, el respeto y garantías para acceder a servicios oportunos y de calidad, es decir, con confidencialidad, respeto, escucha libre de prejuicios, acompañamiento, acción sin daño, no revictimización, acceso a información completa sobre derechos y servicios de atención.
El Ministerio de Educación Nacional con el fin de prevenir daños o amenazas a la integridad, salud mental y el bienestar de los residentes, convocó 2 reuniones durante los días 5 y 6 de septiembre de 2024 con la Asociación Nacional de Internos y Residentes (Anir) en la cual se definió la nueva ruta para el trámite de las denuncias y las medidas que garantizaran la protección de las víctimas, así como la confidencialidad.
Investigaciones en medio de denuncias por maltrato a médicos residentes
Mineducación le confirmó a Pulzo que se adelantan investigaciones administrativas sancionatorias en 19 instituciones educación superior y/o sus directivos, por presunto incumplimiento en la entrega e implementación de los protocolos para la prevención, detección y atención de violencias y discriminación basada en género exigidos en la Resolución 014446 de 2022.
La entidad aclaró que estas acciones buscan hacer efectivo el ejercicio de inspección y vigilancia y garantizar el cumplimiento de las normas sobre salud mental en el sistema educativo, en un tema que puso a las universidades bajo lupa.
“Es importante aclarar, que las Instituciones de Educación Superior en el marco de su autonomía universitaria y teniendo en cuenta sus respectivos contextos sociales y normativos diseñan las estrategias o acciones de promoción, prevención y atención en salud mental para la comunidad académica”, exaltó la entidad.
Finalmente, explicó que se invitó a las 41 universidades que ofrecen especializaciones médico-quirúrgicas a garantizar que sus rutas y estrategias de prevención y atención de casos de violencias basadas en género incluyan principios de confidencialidad, acompañamiento, acción sin daño, respeto a los derechos y no revictimización.
“Asimismo, se ha hecho seguimiento de PQRSD y análisis de quejas relacionadas con salud mental y discapacidad psicosocial recibidas a través de los canales oficiales, redes sociales y hechos de público conocimiento, particularmente en programas de ciencias de la salud”, sentenció Mineducación.
¿Qué cambios hubo luego de la muerte de la doctora Catalina Gutiérrez?
Si bien es un proceso continuo y no todos los cambios se materializan de inmediato, la muerte de Catalina Gutiérrez impulsó y aceleró la discusión y, en algunos casos, la implementación de medidas como el pago obligatorio para internos médicos, junto a estas otras medidas:
- Revisión de jornadas laborales: se ha puesto un énfasis renovado en la regulación de las horas de trabajo de internos y residentes. Aunque la Ley 2101 de 2021 ya había iniciado un proceso progresivo para reducir la jornada laboral general en Colombia a 42 horas semanales para 2026, la situación de los residentes (que a menudo superan con creces estas horas debido a la naturaleza de su formación y la escasez de personal) ha sido un punto focal. La Superintendencia de Salud y otras entidades reguladoras han emitido circulares que, aunque existentes, ahora son más exigentes en su aplicación. La Circular Externa No. 12 de 2024 de S.C.A.R.E. reitera que los turnos de práctica formativa no pueden superar las 12 horas por turno y las 66 horas semanales, incluyendo actividades académicas y asistenciales, con descansos que garanticen la recuperación física y mental del estudiante.
- Proyecto de ley en el Congreso: el proyecto de ley que lleva el nombre de la doctora Catalina Gutiérrez tiene la mirada enfocada al maltrato contra residentes e internos y la mejoría de sus condiciones. Ya ha avanzado con éxito y se ha notado consenso.
- Fortalecimiento del apoyo psicológico y salud mental: Las universidades y los hospitales han sido instados a mejorar y hacer más accesibles los servicios de salud mental para sus estudiantes, internos y residentes. Se han implementado o fortalecido programas de acompañamiento psicológico y grupos de apoyo.
- Canales de denuncia y protocolos anti-maltrato: se ha trabajado en la creación o el fortalecimiento de canales de denuncia efectivos y seguros para casos de maltrato, acoso o humillación, garantizando que los estudiantes puedan reportar sin temor a represalias.
Más allá de las normativas, la discusión se ha centrado en la necesidad de un cambio cultural profundo dentro del sector salud, donde se erradiquen prácticas abusivas y jerárquicas que históricamente han sido toleradas. Esto implica un diálogo continuo entre directivas de universidades, hospitales, docentes y los propios estudiantes. Todo, un año después de la tragedia.
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