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El futuro de los excombatientes de los Comandos de Frontera que permanecen en la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) del Valle del Guamuez, en Putumayo, atraviesa un momento de incertidumbre, tras la prórroga decretada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella. Esta extensión, formalizada mediante la Resolución 216 de 2026, otorga a los exintegrantes hasta el 30 de noviembre para retirarse, después de que en septiembre se hubiera dado solo un plazo de 48 horas para terminar la ZUT.
El Espectador recogió las opiniones de Armando Novoa, exmagistrado y jefe negociador en los diálogos con grupos armados durante el mandato de Gustavo Petro, y de Ómar Díaz, abogado de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB). Ambos señalaron que esta nueva resolución omite un aspecto fundamental: el fallo de un juez de Puerto Asís del 25 de septiembre, que ordenó suspender el cierre y desalojo de la zona hasta que existiera un plan claro de tránsito y protección, involucrando al Mecanismo de Monitoreo y Verificación. Esta medida, solicitada por 99 excombatientes, pretendía resguardar sus derechos fundamentales para la reincorporación a la vida civil.
Según Novoa, la orden del Comisionado de Paz no solo omite esta decisión judicial, sino que la ignora por completo, limitándose a fijar la fecha de salida y el cierre físico del lugar, sin diálogo ni con los excombatientes ni con las autoridades locales. Añadió que la postura oficial ha sido errática, generando incertidumbre y anticipando la salida de al menos 36 personas. Por su parte, Ómar Díaz calificó la ZUT como un "laboratorio de paz" y aseguró que los acuerdos han sido desconocidos, frustrando las expectativas y proyectos de los firmantes.
El documento del Gobierno sostiene que las metas iniciales de la ZUT ya se cumplieron —desmovilización, entrega de armas, acreditación administrativa— y por tanto, el cierre sería procedente. Sin embargo, se insiste en que los procesos jurídicos de reintegración pueden continuar fuera de ese espacio y que el cierre no extingue los derechos adquiridos. No obstante, Novoa alertó sobre una “grave vulneración de derechos humanos” y recordó que, según la Corte Constitucional, los desmovilizados son sujetos de especial protección. Mientras tanto, los excombatientes aguardan por garantías concretas y la efectiva implementación de rutas de protección y reintegración, en medio de una gran incertidumbre ante el inminente plazo de salida fijado.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Qué sucederá con los excombatientes tras el cierre de la Zona de Ubicación Temporal en Putumayo?
La decisión del Gobierno establece que los excombatientes deben abandonar la ZUT antes del 30 de noviembre, pero podrán continuar sus trámites jurídicos fuera del lugar. Sin embargo, representantes legales y negociadores alertan sobre la falta de un plan claro de protección y tránsito, lo que podría dejar en riesgo los derechos de quienes buscan reincorporarse a la vida civil, según el análisis realizado por El Espectador.
¿Por qué es relevante el fallo del juez de Puerto Asís sobre la Zona de Ubicación Temporal?
El fallo del juez de Puerto Asís del 25 de septiembre ordenó suspender el cierre de la ZUT hasta establecer un plan adecuado de tránsito y protección, condición solicitada por los excombatientes para garantizar su paso seguro a la vida civil. Esta decisión busca salvaguardar derechos fundamentales, que según los entrevistados por El Espectador, han sido desatendidos en las más recientes resoluciones del Gobierno sobre la zona.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
Balance del terremoto, según el presidente
El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.
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