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La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) lanzó una advertencia sobre el atraso que presenta el programa “Caminos Comunitarios para la Paz”, iniciativa del Gobierno Nacional que fue presentada como su principal estrategia para impulsar la red de vías terciarias en el país.
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El presidente del gremio, Juan Martín Caicedo, calificó el balance como una “frustración”, al considerar que los resultados actuales se encuentran muy lejos de los compromisos anunciados en el momento de su lanzamiento.
Según recordó, el plan contemplaba inversiones cercanas a los $ 8 billones, con el objetivo de construir, rehabilitar y mejorar alrededor de 33.000 kilómetros de vías terciarias.
Además, incluía un componente social: los contratos serían adjudicados directamente a juntas de acción comunal y comunidades étnicas, con la finalidad de promover la participación activa de las poblaciones en el desarrollo de sus territorios.
No obstante, la realidad muestra un panorama distante de las metas iniciales. De acuerdo con el balance presentado por la CCI, el programa apenas alcanza un avance inferior al 10 % a nivel nacional. La situación resulta aún más preocupante en varios departamentos donde la ejecución es prácticamente inexistente.
Regiones como Caquetá, Huila, Magdalena, Nariño y Norte de Santander reportan indicadores entre el 0 % y el 5 %, lo que refleja un rezago considerable frente a lo proyectado por el Gobierno.
Programa de infraestructura del Gobierno tendrían irregularidades
A las dificultades en la implementación se suman problemas de orden administrativo y legal. La Procuraduría General de la Nación emitió alertas sobre 776 convenios firmados en el marco del programa, de los más de mil que se han suscrito hasta el momento. Estos contratos, que comprometen recursos por más de $154.000 millones, presentan posibles irregularidades que podrían poner en riesgo la transparencia y la adecuada destinación de los fondos públicos.
“Preocupa, de otra parte, que de los más de 1000 convenios que se han firmado en lo corrido de este gobierno para iniciar el programa, según la Procuraduría General de la Nación, hay alerta en 776 por posibles irregularidades en la destinación de $ 154.000 millones”, destacó Caicedo en su cuenta de X.
El escenario proyectado para 2025 tampoco resulta alentador. Según la información revelada, los recursos asignados para este año registran un avance del 0 %, lo que evidencia un estancamiento total en la ejecución del programa. Esta situación genera preocupación en sectores gremiales y comunitarios, dado que la falta de progreso no solo retrasa la mejora de la conectividad vial en zonas rurales, sino que también limita el impacto social y económico que se esperaba de la iniciativa.
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