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El mal estado de las vías rurales en la vereda Santágueda, ubicada en el municipio de Palestina, Caldas, ha provocado un creciente sentimiento de insatisfacción entre los habitantes. Los residentes denuncian que, pese a cumplir con el pago del impuesto predial, la respuesta de las autoridades municipales ha sido prácticamente nula, con ausencia de mantenimiento en las vías en los últimos meses. Tan solo la Gobernación de Caldas realizó un mantenimiento hace seis meses, sin que el municipio haya efectuado intervenciones adicionales desde entonces. Esta situación repercute directamente en la movilidad y la seguridad de los habitantes de Santágueda, una zona fundamental para la conectividad rural del departamento, donde el desplazamiento entre veredas y el acceso a servicios básicos depende casi por completo de la calidad de la infraestructura vial.
El problema responde a deficiencias estructurales en la administración territorial rural del país. De acuerdo con declaraciones del alcalde Álvaro Osorio, el municipio carece de la maquinaria amarilla —como retroexcavadoras o bulldozers— y volquetas necesarias, lo que impide atender las vías terciarias que, aunque son de competencia municipal, requieren recursos materiales y financieros significativos para su mantenimiento. Para intentar superar esta limitación, se ha diseñado un proyecto de inversión estimado en más de mil quinientos millones de pesos, buscando adquirir la maquinaria mediante el mecanismo conocido como “obras por impuestos”. Esta alternativa permite a empresas aportar proyectos de infraestructura vial a cambio de recibir beneficios fiscales, constituyendo una vía expeditiva para suplir la falta de presupuesto propio en entidades locales pequeñas.
Según la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), cerca del 60% de las vías rurales de Colombia, denominadas vías terciarias, se encuentran en mal estado, lo que restringe el acceso de las comunidades a servicios, mercados y educación. Los principales obstáculos no solo giran en torno a la carencia de maquinaria y recursos, sino también a la baja inversión y los extensos procesos administrativos que entorpecen la contratación de obras. La ANI resalta la importancia de la cooperación entre municipios y gobernaciones, sugiriendo la conformación de grupos de maquinaria compartida o alianzas con empresas privadas; prácticas que no se han consolidado en regiones como Caldas.
La deficiente infraestructura vial genera efectos económicos y sociales relevantes. Un estudio de la Universidad de los Andes indica que la disminución en la calidad de las carreteras puede reducir la productividad agrícola hasta en un 15%, debido al aumento de los costos de transporte y las dificultades para encontrar mercados. En zonas agropecuarias como Santágueda, los habitantes dependen de estas vías para movilizar sus productos, por lo que el deterioro incide negativamente en sus ingresos y calidad de vida. Además, la inseguridad en el tránsito y la dificultad para acceder a atención en emergencias agravan la situación.
A raíz de la problemática, la administración local ha intervenido dos vías rurales, con el respaldo en materiales por parte de la Gobernación. Esta acción busca contener el deterioro mientras se avanza en la gestión de maquinaria más adecuada. No obstante, expertos en desarrollo rural advierten que la sostenibilidad de las mejoras exige no solo equipo y recursos, sino también fortalecer las capacidades institucionales, dotar de mayores presupuestos a las alcaldías y establecer mecanismos de participación ciudadana que permitan priorizar obras y hacer seguimiento a la ejecución de proyectos.
El caso de Santágueda pone en evidencia un desafío nacional: el abandono de las vías rurales y la urgencia de políticas integrales, donde el fortalecimiento institucional, la inversión pública coordinada y el control ciudadano sean pilares fundamentales para recuperar la movilidad y el bienestar en las comunidades rurales colombianas.
¿Qué implica el mecanismo “obras por impuestos” para las comunidades rurales?
Este mecanismo, mencionado por la administración local de Palestina, permite que empresas privadas seleccionadas inviertan directamente en obras de infraestructura —como el mantenimiento o adquisición de maquinaria para vías— en zonas rurales, a cambio de descuentos tributarios equivalentes al monto de la inversión. La relevancia de este sistema radica en que flexibiliza el acceso a recursos, evitando los frecuentes obstáculos presupuestales que enfrentan las alcaldías, y acelera la ejecución de proyectos. Sin embargo, su efectividad depende de una gestión clara y transparente por parte de las autoridades y de la vigilancia de la ciudadanía beneficiada por las obras.
¿Por qué la falta de vías afecta tanto la vida social y económica en zonas rurales como Santágueda?
La ausencia de carreteras adecuadas condiciona el desarrollo de áreas rurales en múltiples niveles. Por un lado, limita el acceso a educación, salud y mercados, repercutiendo directamente en el bienestar de las familias que habitan estos territorios. Por otro, incrementa el costo del transporte de bienes y personas, disminuye la competitividad de los productores agrícolas y restringe sus oportunidades comerciales. Además, la mala conectividad dificulta la atención en situaciones de emergencia, como accidentes o enfermedades, agravando la vulnerabilidad de la población local.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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