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La Procuraduría General de la Nación abrió un pliego de cargos contra Orlando Gregorio Seoanes Lerma, quien se desempeñó como vicerrector administrativo de la Universidad Popular del Cesar (UPC), por supuestas anomalías en el manejo de los procesos de selección de personeros municipales o distritales para el periodo 2024-2028. Según lo informado por la Procuraduría Regional del Cesar, se está investigando si Seoanes Lerma inició indebidamente los trámites para conformar concursos públicos de méritos, probablemente con la intención de designar representantes del Ministerio Público en varias zonas del país, sin respetar los procedimientos internos establecidos.
El organismo de control busca determinar si el funcionario investigado se excedió en sus funciones al intervenir directamente en los procesos de selección de estos cargos, tomando decisiones que podían no estar alineadas con la normativa interna de la universidad. Ello ha motivado a la Procuraduría a examinar si la conducta de Seoanes Lerma vulneró principios fundamentales de la administración pública, tales como la legalidad, la responsabilidad y la moralidad, todos esenciales en la gestión contratual y en el desarrollo de cualquier función administrativa. Dentro de este contexto, el ente disciplinario ha calificado provisionalmente la presunta falta como "gravísima", y le atribuye responsabilidad bajo la figura de culpa gravísima.
Esta situación ha traído consigo la revisión minuciosa de los procedimientos aplicados dentro de la UPC para la celebración de convenios y la ejecución de concursos que comprometen la representación de los intereses públicos. No es la primera vez que la gestión administrativa de la universidad genera controversia; como antecedente, otras decisiones similares han despertado debates internos sobre la legalidad, la satisfacción de los requisitos normativos y posibles extralimitaciones de los funcionarios universitarios.
El contexto del caso se agudiza al observar el escenario vivido en diciembre de 2023, cuando Seoanes Lerma dejó su cargo como vicerrector administrativo. Aunque, según declaraciones suyas brindadas a medios, la salida respondió a motivos personales —señalando que buscaba un receso tras cumplir un ciclo en la universidad—, surgieron versiones alternativas.
Por ejemplo, el senador Ariel Ávila denunció que la salida del funcionario estaba ligada a un conflicto con el rector Rober Romero, a raíz de la celebración de concursos con concejos municipales para la elección de personeros. Complementando estas afirmaciones, el rector Romero remitió una comunicación a 38 concejos informándoles que no debían continuar con los procesos concursales bajo convenio con la UPC, subrayando que dicha decisión se tomó sin su consulta como rector. Además, meses antes, Romero había solicitado a Seoanes que frenara los trámites y pusiera fin de inmediato a los convenios suscritos, argumentando que la universidad carece de la estructura reglamentaria, el presupuesto y la capacidad organizativa para liderar ese tipo de concursos.
Estos hechos ponen en evidencia la tensión interna y las diferencias de criterio respecto a la capacidad operativa de la institución para manejar procesos de selección que impactan directamente sobre la representación y la integridad del Ministerio Público en el ámbito local y distrital.
¿Por qué es importante el proceso de selección de personeros municipales o distritales? El proceso de selección de personeros municipales o distritales representa un componente clave en la democracia local, ya que estos funcionarios son garantes de los derechos humanos y la vigilancia de la función pública en el ámbito territorial. Además, la transparencia y legalidad en su elección aseguran que el Ministerio Público cuente con representantes idóneos y éticos. Las irregularidades en estos trámites pueden debilitar generaciones enteras de confianza ciudadana e integridad institucional en regiones donde la presencia estatal necesita fortalecerse constantemente.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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