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La Procuraduría General de la Nación formuló un pliego de cargos contra Maximiliano Queragama Baniama, quien desempeñaba labores docentes en una institución educativa indígena ubicada en Pueblo Rico, Risaralda. El caso se originó a raíz de presuntas conductas de significación sexual que involucrarían a, al menos, cinco estudiantes, ocurridas entre los años 2020 y 2022. Dicha entidad resaltó que los procedimientos en curso incorporan un enfoque de género, en concordancia con las recomendaciones establecidas en los informes sobre la implementación de la ley. Además, se subraya el carácter delicado del caso por involucrar a menores pertenecientes a comunidades indígenas, quienes gozan de una especial protección según la normatividad vigente.
Según la información suministrada por el Ministerio Público a través de El Diario, el docente, presuntamente, habría utilizado su posición de autoridad para incurrir de manera reiterada en comportamientos inapropiados. Entre las acciones señaladas figura la exposición de las estudiantes a material de índole sexual, así como la comisión de otras conductas abusivas dentro del contexto académico. Este tipo de hechos se consideran de extrema gravedad, especialmente dentro de espacios educativos donde las relaciones de confianza y protección se ven vulneradas por quienes tienen el deber de salvaguardar el bienestar de los menores.
La Procuraduría sostuvo que las conductas atribuidas a Queragama Baniama afectarían profundamente la dignidad y la integridad sexual de las presuntas víctimas, resultando en un claro incumplimiento de los deberes esenciales asignados a cualquier educador. Por tal razón, calificó provisionalmente la presunta falta como disciplinaria gravísima cometida con dolo, es decir, con plena conciencia y voluntad de actuar en contravía de las normativas y responsabilidades inherentes al cargo.
Este proceso adquiere mayor relevancia al considerar la doble vulnerabilidad de las afectadas: por su condición de menores de edad y por pertenecer a un grupo indígena tradicionalmente protegido por la ley. Las actuaciones del Ministerio Público se enfocan, por tanto, en asegurar una investigación rigurosa y transparente, que permita salvaguardar los derechos fundamentales tanto de las víctimas como del docente investigado, garantizando el respeto al debido proceso en todo momento.
El tratamiento de este tipo de denuncias exige que las entidades responsables evalúen con especial atención el comportamiento de los docentes dentro de las aulas, sobre todo ante la existencia de señalamientos por conductas sexuales inapropiadas. Es fundamental que el entorno escolar se mantenga como un espacio seguro y libre de cualquier forma de abuso, favoreciendo la formación integral de la niñez y adolescencia dentro de comunidades en situación de especial protección.
¿Qué acciones pueden tomar las instituciones educativas cuando un docente es investigado por conductas sexuales inapropiadas?
Ante casos como el señalado en la investigación de la Procuraduría, las instituciones educativas tienen la responsabilidad de activar protocolos de atención y prevención frente a situaciones de abuso o acoso. Estos procedimientos suelen contemplar medidas como la separación temporal del docente de sus funciones, la notificación inmediata a las autoridades competentes y la activación de canales de apoyo y acompañamiento a las posibles víctimas y sus familias.
La importancia de estas acciones radica en la protección tanto de la integridad de los estudiantes como del ambiente escolar. La correcta aplicación de los protocolos no solo asegura una respuesta institucional oportuna sino que también contribuye al esclarecimiento de los hechos, respetando en todo momento el debido proceso del docente y los derechos de las personas involucradas.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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