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La Procuraduría General de la Nación ha manifestado su decisión de mantener una estricta vigilancia preventiva sobre el proyecto de decreto presentado por el Gobierno Nacional, cuyo objetivo es modificar el método de fijación del precio de la Vivienda de Interés Social (VIS). Según lo informado por la propia Procuraduría, el cambio principal de la propuesta consiste en dejar de calcular el valor de la VIS en salarios mínimos, para comenzar a hacerlo en montos establecidos en pesos. Esta modificación, aunque puede parecer técnica, podría acarrear consecuencias de fondo en el ámbito normativo, financiero, contractual y social, lo que motivó a la entidad a intervenir de manera preventiva.
En un oficio dirigido formalmente al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública resaltó la importancia de que cualquier modificación en el esquema vigente sea precedida por un análisis técnico meticuloso. De acuerdo con la comunicación, una eventual reforma de este calibre podría implicar riesgos considerables en aspectos legales y contractuales que, en ausencia de regulaciones precisas, abrirían la puerta a demandas contra el Estado o a incumplimientos entre las partes implicadas.
Un punto central de esta discusión se centra en la necesidad de definir, con absoluta claridad, el régimen de transición que deberá aplicar a los proyectos de Vivienda de Interés Social actualmente en ejecución, así como a las promesas de compraventa ya firmadas bajo la regulación anterior. Para la Procuraduría, es fundamental reforzar la protección del consumidor de vivienda, garantizando que cualquier cambio en la metodología de fijación de precios no desarticule la articulación entre los nuevos valores, los subsidios estatales existentes y los esquemas de financiación para las familias.
Se advierte que de no producirse una adecuada sincronía entre estos componentes, podrían presentarse descalces financieros que afectarían la capacidad de los hogares para lograr el cierre financiero de sus viviendas. Por ello, la Procuraduría convocó a una mesa técnica interinstitucional prevista para el 28 de enero, con el fin de analizar junto a diferentes actores los impactos del proyecto de decreto y lograr, en la medida de lo posible, que la implementación de la nueva política de vivienda se realice de manera armoniosa.
Este espacio de diálogo busca evitar que la transición hacia el nuevo modelo genere incertidumbre en el sector, afectando tanto a los compradores como a las constructoras y a las entidades financieras involucradas. Además, pretende proporcionar al Estado insumos suficientes para anticiparse a potenciales dificultades y adoptar medidas preventivas antes de la expedición definitiva del decreto que modificaría uno de los componentes cruciales de la política de vivienda en Colombia.
¿Qué es exactamente la Vivienda de Interés Social (VIS) y a quién está dirigida?
La relevancia de conocer el concepto de Vivienda de Interés Social radica en que se trata de un segmento habitacional diseñado exclusivamente para hogares de menores ingresos, según lo estipulado por las políticas públicas. Este tipo de vivienda suele contar con subsidios estatales y acceso a planes de financiación específicos que buscan facilitar el acceso de las familias de menos recursos a una vivienda digna. Con la eventual modificación en la forma de fijar el precio de la VIS, comprender el público objetivo de este programa resulta esencial para valorar el impacto real de las nuevas normas propuestas tanto en los actuales compradores como en quienes buscan beneficiarse de estas oportunidades en el futuro.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría
El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.
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