El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
El miércoles 14 de enero, Jorge Lemus presentó su renuncia irrevocable como director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de Colombia, cumpliendo una solicitud directa del presidente Gustavo Petro. Este hecho fue formalizado a través de una carta enviada por Lemus a la Casa de Nariño, en la cual expresó su gratitud hacia el mandatario por la confianza otorgada en el desempeño de un cargo tan estratégico para la seguridad nacional. "Acudo ante su despacho para presentar renuncia irrevocable a partir de la fecha al cargo de director (...). Agradezco inmensamente la confianza depositada en mi persona para ejercer un cargo directivo de tan alta responsabilidad", afirmó Lemus en el documento citado por El Espectador.
Esta salida, según reportes de este medio, se dio en el marco de una serie de movimientos recientes dentro del alto gobierno. Solo horas antes, Angie Rodríguez también había renunciado tanto al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) como a la Secretaría General de la Presidencia, para asumir un nuevo rol al frente del Fondo Adaptación. Estos cambios se enmarcan en un proceso de ajustes que ha marcado la gestión del actual gobierno.
Lemus accedió a la dirección de la DNI tras la dimisión de Carlos Ramón González. De acuerdo con las fuentes consultadas, González enfrenta requerimientos de la justicia colombiana por su presunta implicación en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Actualmente, González es considerado prófugo y se habría desplazado a Nicaragua, donde fue visto en una fiesta reciente, como relata El Espectador.
La DNI ha sido objeto de controversias tras conocerse presuntos vínculos entre funcionarios de alto nivel durante el gobierno Petro y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), dirigidas por alias “Calarcá”. En respuesta a estos señalamientos, la Procuraduría General de la Nación dispuso el 27 de noviembre de 2025 la suspensión temporal del general Juan Miguel Huertas, entonces comandante de Personal del Ejército, junto con Wilmar Mejía, quien se desempeñaba como director de inteligencia de la DNI.
La suspensión se fundamentó en la investigación desarrollada por Noticias Caracol, que dio a conocer documentos donde Huertas y Mejía, supuestamente, habrían propuesto a la estructura armada la conformación de una empresa de seguridad con el fin de facilitar la movilidad en vehículos blindados y el acceso legal a armamento. Estas evidencias, según se indicó, fueron encontradas tras el decomiso de dispositivos electrónicos pertenecientes a alias “Calarcá” durante un retén efectuado el 23 de julio de 2024 en el municipio de Anorí, Antioquia.
La Procuraduría argumentó que ambos funcionarios tenían posiciones de alto nivel en sus respectivas instituciones, con manejo de información sensible que podría interferir en el desarrollo adecuado de las investigaciones en curso. En particular, el rol de Mejía como responsable de coordinar la inteligencia estratégica suponía un riesgo para la protección de las pruebas relacionadas con estos hechos.
Paralelamente, el 24 de noviembre de 2025, la Fiscalía General de la Nación remitió copias a la Corte Suprema de Justicia para que indagara la conducta del general Huertas, después de que se conociera un extenso período de inactividad judicial respecto a los indicios sobre posibles enlaces entre el oficial y las disidencias armadas. Según El Espectador, una fiscal especializada no habría avanzado durante más de un año en las pesquisas al respecto.
Este clima de incertidumbre y señalamientos sitúa a la Dirección Nacional de Inteligencia en un momento crucial, donde la transparencia institucional y la confianza ciudadana se convierten en temas de urgente revisión para el gobierno colombiano.
¿Cuál es el papel de la Procuraduría General de la Nación en las investigaciones sobre inteligencia estatal?
La Procuraduría General de la Nación es un organismo de control disciplinario en Colombia encargado de vigilar la conducta de los funcionarios públicos y velar por el cumplimiento de la ley y el correcto funcionamiento de las instituciones estatales, como lo señaló El Espectador en relación con el caso de los altos mandos suspendidos. Su intervención en casos que involucran la inteligencia estatal resulta fundamental para garantizar que las investigaciones disciplinarias lleven al esclarecimiento de posibles irregularidades y que los funcionarios responsables no interfieran en el proceso.
En el contexto actual, la Procuraduría ha justificado la necesidad de suspender a aquellos con acceso a información estratégica que podría entorpecer las pesquisas o poner en riesgo la integridad de las pruebas. Esto refuerza su misión de actuar como una instancia independiente que protege la transparencia e institucionalidad dentro del manejo de organismos clave como la Dirección Nacional de Inteligencia.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?
El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.
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