Luego de que se conociera el asesinato del empresario arrocero Gustavo Andrés Aponte y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez Garzón, se revelaron nuevos elementos que amplían el panorama del crimen ocurrido en el exclusivo sector de La Cabrera, en el norte de Bogotá.
De acuerdo con información revelada por el diario El Tiempo, uno de los presuntos involucrados en el atentado fue asesinado recientemente, al parecer por integrantes de la misma estructura criminal que habría ejecutado el ataque el pasado miércoles 11 de febrero. Este nuevo homicidio no solo agrega un capítulo más al caso, sino que también habría permitido a los investigadores esclarecer detalles clave sobre la logística del sicariato.
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Hasta ahora, la hipótesis pública señalaba la participación de dos hombres: el conductor de una motocicleta de alto cilindraje y el sicario vestido de traje que disparó por la espalda contra Aponte y su escolta frente al gimnasio Bodytech.
Sin embargo, tras revisar más de 100 horas de grabaciones de cámaras de seguridad, las autoridades habrían identificado un tercer actor y un vehículo adicional. Según una fuente citada por El Tiempo, el sicario no llegó en la motocicleta, sino en un automóvil negro que estuvo rondando la zona varios minutos antes del ataque.
“Todo indica que el sicario no llegó en la moto, sino en un carro negro que estaba rondando la zona”, señaló una fuente cercana a la investigación al medio nacional.
Las imágenes muestran que el vehículo habría permanecido en el sector durante un tiempo considerable antes de que se perpetrara el crimen. El conductor de ese automóvil sería, según las indagaciones, el hombre que fue asesinado en días recientes, presuntamente para eliminar cualquier rastro que pudiera comprometer a la organización.
El trabajo de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional de Colombia no ha estado exento de presiones. Según reveló El Tiempo, vecinos del sector habrían recibido llamadas intimidatorias para evitar que entregaran grabaciones de seguridad. Una denuncia ante la Dijín confirmó este patrón de amenazas.
A pesar de ello, los investigadores lograron obtener imágenes claras del atacante y reconstruir parte de la ruta de escape. Una fuente consultada por el diario aseguró que, aunque el sicario tendría entrenamiento, cometió un error clave: no cubrió su rostro al momento de disparar, lo que facilitó su identificación.
El caso está en manos de la fiscal Yanira Rocío Ochoa Ramírez, quien lidera un equipo especializado y ha participado en investigaciones de alto perfil, como el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.
Las pesquisas también han puesto la lupa sobre el contexto de violencia que rodea al sector arrocero en regiones como Casanare, donde la familia de Aponte tiene inversiones. Fuentes consultadas por El Tiempo advirtieron que la presión de grupos delictivos en esa zona es constante.
Un antecedente reciente es el asesinato de Campo Elías Urrutia, directivo de la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), ocurrido el 15 de diciembre en una finca de Tauramena. En ese caso, cuatro hombres armados irrumpieron en la propiedad y ultimaron al productor. El gerente del gremio, Rafael Hernández Lozano, condenó el hecho y alertó sobre la creciente inseguridad en el campo.
Las autoridades también han revisado antecedentes relacionados con narcotráfico y el uso de cargamentos de arroz para ocultar cocaína —práctica conocida como “narcoarroz”—, así como posibles vínculos indirectos de allegados de la familia con investigaciones por lavado de activos. No obstante, personas cercanas a Aponte niegan cualquier relación con actividades ilícitas y aseguran que el empresario no había recibido amenazas directas.
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Quienes conocieron a Gustavo Andrés Aponte lo describen como un empresario de bajo perfil político, enfocado en sus actividades productivas, deportivas y sociales. Monseñor Alejandro Henao de Brigard, párroco de la iglesia La Inmaculada Concepción, lo recordó ante El Tiempo como un hombre comprometido con obras sociales en favor de niños y adultos mayores.
Según el religioso, Aponte colaboraba activamente en jornadas solidarias y recientemente había sido designado ministro extraordinario de la sagrada comunión. “Era una persona buena, que ayudaba a armar y recoger mercados y fondos para los pobres, muchas veces desde sus empresas arroceras”, afirmó al diario.
El crimen revive además episodios dolorosos para la familia, como el secuestro en 1994 de Gustavo Aponte Rojas, abuelo del empresario asesinado, y refuerza la percepción de riesgo que enfrentan algunos sectores empresariales en medio de la compleja situación de seguridad que atraviesa el país.
Las investigaciones continúan para esclarecer quiénes ordenaron el crimen y cuál fue el móvil detrás de un atentado que sacudió a uno de los sectores más exclusivos de la capital.
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