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El 15 de enero se efectuó una audiencia fundamental para el desarrollo del plan que buscará suplir la demanda histórica por la construcción de la morgue departamental del Quindío. Esta diligencia, promovida por el Tribunal Administrativo del Quindío como respuesta a una acción popular presentada por un ciudadano, expuso la compleja situación financiera que rodea el proyecto y dejó en evidencia la necesidad de establecer responsabilidades claras entre las diferentes entidades estatales involucradas, según reportó Crónica del Quindío.
La audiencia estuvo marcada por el análisis de la capacidad económica del departamento y sus municipios para afrontar el costo total de la infraestructura. Al inicio, el Tribunal descartó la participación de entidades como la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Salud y la Rama Judicial dentro del proceso por considerar que, según sus funciones, no les compete la construcción de edificaciones de uso público. No obstante, en una decisión posterior, el Tribunal reconsideró e incluyó a los ministerios de Salud y Hacienda, reconociendo que la viabilidad y sostenibilidad del proyecto solo podía lograrse con su intervención, particularmente en asuntos de financiación y articulación de políticas de salud pública.
Sin embargo, la exclusión de la Rama Judicial y la Fiscalía se mantuvo, después de que el Tribunal determinara que estas instituciones ejercen funciones de tipo operativo, como lo es el levantamiento de cadáveres, pero que no abordan responsabilidades en el desarrollo de infraestructura física. Así, la discusión centró sus esfuerzos en definir fuentes reales de recursos financieros y en acordar la participación estatal necesaria para que la morgue sea una realidad en el corto o mediano plazo.
La complejidad financiera del proyecto llevó a la Gobernación del Quindío a interponer un recurso de reposición. Según su Oficina de Representación Judicial, los costos estimados de la morgue rondan los 14.000 millones de pesos, cifra muy superior a la capacidad económica tanto del departamento como de los municipios, muchos de los cuales son de quinta y sexta categoría, es decir, con presupuestos limitados.
A la espera de la notificación formal a los ministerios, el proceso sigue en suspenso, a la espera de reanudar la audiencia para buscar un acuerdo de cumplimiento. Mientras tanto, se prevé avanzar en la contratación de los estudios y diseños, fundamentales para precisar la cifra total que demandará la obra.
En respuesta a inquietudes ciudadanas, Isabel Cristina Lezama Velásquez, secretaria de Representación Judicial y Defensa del Departamento, informó que la morgue está incluida en el Plan de Desarrollo Departamental 2024–2027 bajo el programa de Salud Pública y cuenta con un cupo indicativo de 1.000 millones de pesos del Sistema General de Regalías. Esta suma es todavía insuficiente comparada con las necesidades reales del proyecto, que requiere la construcción total de un nuevo espacio, dada la inexistencia de infraestructura adecuada en la región.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ejerce su papel como entidad técnica en el proceso, reforzando la importancia de la construcción desde el punto de vista científico y judicial. De igual manera, la Procuraduría General de la Nación enfatizó el riesgo de incumplimiento del proyecto si no cuenta con el apoyo económico nacional, recordando antecedentes donde obras similares han quedado paralizadas durante años. Tras treinta minutos de audiencia, se suspendieron las deliberaciones para proceder con las notificaciones requeridas; solo entonces se convocará a una nueva sesión para seguir buscando soluciones definitivas a la problemática.
¿Por qué es tan relevante la morgue departamental para la salud pública del Quindío?
La existencia de una morgue adecuada es clave para garantizar procedimientos forenses y judiciales oportunos, lo que impacta directamente en la administración de justicia y en la garantía de derechos humanos. Su ausencia obliga al traslado de cadáveres a otras regiones, provocando dilaciones en los procesos y afectando tanto a las autoridades como a las familias afectadas. Por ello, el debate sobre su construcción trasciende el aspecto financiero y se convierte en un asunto de dignidad, eficiencia institucional y salud pública para el Quindío.
Este contexto subraya cómo el respaldo estatal y la articulación interinstitucional resultan esenciales para superar los obstáculos históricos que han impedido la construcción de la morgue. El seguimiento a las próximas decisiones será determinante para saber si finalmente se logrará materializar este proyecto, esperado por más de una década en el departamento.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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