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La Procuraduría General de la Nación informó este jueves sobre la formulación de pliego de cargos contra ocho funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) debido a presuntas irregularidades en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Bogotá, conocido como La Picota. Esta decisión surge tras los hechos ocurridos entre el 19 y el 26 de septiembre de 2022, específicamente en el pabellón de alta seguridad destinado a extraditables. La celebración del día de la Virgen de las Mercedes, patrona de las personas privadas de la libertad, fue el contexto en el que sucedieron los eventos bajo escrutinio.
De acuerdo con la Procuraduría, en esos días se llevaron a cabo conciertos no autorizados con participación de reconocidos cantantes de música vallenata. Medios como la revista Semana y videos que fueron grabados por los propios internos evidenciaron una celebración caótica que se extendió durante varios días. Se identificó la presencia de botellas de licor extranjero, mesas de apuestas y actuaciones de destacadas figuras del vallenato, incluyendo a Ana del Castillo, el ‘Mono’ Zabaleta y ‘Churo’ Díaz, quienes ofrecieron presentaciones en vivo ante acusados por narcotráfico solicitados en extradición.
Entre los señalados figura Carlos Hernán Camacho, quien en ese momento fungía como director encargado de La Picota. La Procuraduría también incluyó al capitán de prisiones Luis Francisco Gómez Benítez, así como a seis dragoneantes: Blademir Sambony Suárez, Luis Francisco Ortegón Ortegón, Oscar Jiménez Idárraga, Diego Alejandro Segura Fandiño, Jonathan Suárez Cortés y Ediuth Alexander González.
El comunicado oficial indica que los funcionarios bajo investigación habrían permitido el ingreso de artículos prohibidos como bebidas alcohólicas, cigarrillos, equipos de sonido, equipos de comunicación, grandes sumas de dinero en efectivo y sustancias alucinógenas. Además, habrían facilitado que se llevaran a cabo eventos musicales y juegos de azar dentro de una sección que, por su naturaleza de alta seguridad, exige máxima vigilancia y estricto cumplimiento de protocolos internos.
Para la Procuraduría, estos hechos podrían representar una violación grave a los lineamientos de seguridad, así como al reglamento penitenciario, más aún considerando que el pabellón en cuestión alberga a personas privadas de la libertad con requerimientos especiales y de alto riesgo. El Ministerio Público enfatizó que los implicados habrían desatendido no solo sus obligaciones, sino también la normativa vigente sobre el manejo y control de objetos permitidos y restringidos en instalaciones carcelarias, tal como lo exige la legislación disciplinaria y los propios reglamentos internos del INPEC.
El ente de control advirtió sobre la importancia de mantener una supervisión rigurosa del sistema carcelario, subrayando que el respeto irrestricto a la ley y la preservación de la seguridad institucional son cruciales para sostener la confianza pública en el funcionamiento de las entidades estatales. Así, este caso pone de relieve el papel del control institucional y la necesidad de responder ante eventuales negligencias o faltas graves que puedan vulnerar la legitimidad del sistema penitenciario colombiano.
¿Qué protocolos de seguridad rigen en los pabellones de alta seguridad?
La relevancia de esta pregunta reside en el hecho de que los pabellones de alta seguridad, como el involucrado en los hechos de La Picota, están sometidos a normativas rigurosas para evitar el ingreso de elementos prohibidos y prevenir hechos de corrupción, alteraciones del orden o situaciones de riesgo institucional. Estos protocolos, instaurados conforme a la legislación interna del sistema penitenciario colombiano, incluyen controles estrictos sobre el acceso de personal, visitantes y objetos materiales que ingresan a estos espacios.
La vigilancia permanente, los registros periódicos y la restricción de contacto con elementos que puedan vulnerar la seguridad del penal son componentes básicos de estos protocolos. El incumplimiento de estas medidas puede propiciar situaciones como la denunciada por la Procuraduría, afectando gravemente la integridad del establecimiento y el control estatal sobre la población carcelaria de alto riesgo.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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